DESPUÉS de varios meses de trabajo en los que se han visitado las 188 parcelas afectadas, AENA comenzó a entregar ayer a los vecinos afectados por la ampliación del aeropuerto la valoración que las tasadoras Tinsa y Euroval han realizado de sus propiedades en las parcelaciones de Fontanar de Quintos, Llanos del Castillo, La Altea, San Isidro y Guadalvalle. Aunque será AENA la que finalmente decida qué cantidad abona a cada dueño, los informes entregados por ambas firmas sitúan las indemnizaciones por expropiación entre los 55.000 y los 459.000 euros, según el tamaño de la parcela en cuestión y las edificaciones que ésta posea en su interior. De este modo, el operador español de aeropuertos cumple la promesa que realizó de abonar los suelos a precio de mercado, tanto para aquellos propietarios que tienen todos sus papeles en regla como para quienes han edificado en las mismas sin los permisos pertinentes.

El paso dado ayer es de una gran importancia, ya que supone cumplimentar el último requisito no técnico -aún falta por salir a concurso la nueva torre de control del tráfico aéreo- previo a la ocupación de los terrenos y la entrada efectiva de las máquinas para iniciar las obras que permitan a Córdoba contar con una infraestructura que se antoja determinante para el desarrollo futuro y la consecución del reto de la Capitalidad Cultural en 2016.

Pero no todo va a ser una balsa de aceite y ya ayer comenzaron a oírse voces discordantes con las tasaciones realizadas, voces que además provienen en su mayoría de propietarios que han construido sin licencia, sin pagar los impuestos requeridos y que se encuentran en una situación de ilegalidad. No será de extrañar conocer en el futuro movilizaciones y protestas de afectados bajo el argumento de que con lo que reciben no pueden mudarse a ningún lado. Estas presiones no deben hacer temblar a las administraciones, ya que es con el dinero de todos los cordobeses con el que se está costeando la vuelta a la normalidad de unos terrenos por los que, con la ley en la mano, no debería pagarse más que lo estrictamente estipulado para las zonas rústicas.