El ministro de Justicia ha sostenido que la soberanía nacional está representada en el Congreso, pero no en el Senado. Por su parte, el presidente del Senado ha afirmado hace unos días que nuestro sistema parlamentario se define como un bicameralismo perfecto. Ambas afirmaciones son falsas y denotan una sucia batalla conceptual sobre la Cámara Alta. “Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado”, dice la Constitución, no obstante, es inequívoco que el constituyente decidió que el Congreso disfrutara de una posición institucional singular en dos ámbitos fundamentales: la relación con el ejecutivo y el procedimiento legislativo. Es el Congreso quien otorga la confianza al presidente para formar Gobierno y quien, en su caso, puede retirarla y provocar su caída. Por otro lado, la mayoría simple del Congreso es suficiente para aprobar una ley, ya haya sido ésta vetada por el Senado. Incluso, no se olvide, frente al veto del Senado, la mayoría absoluta del Congreso podría aprobar por ley orgánica la reforma de un Estatuto de Autonomía. Nuestro modelo parlamentario es así, por definición, el de un bicameralismo imperfecto. Las declaraciones del presidente del Senado se producen en el contexto de la tramitación de la Ley de Amnistía y de un intento filibustero de utilizar el trámite en esta Cámara con fines espurios, en el que no ha faltado la tentación de usar los informes de los letrados como una forma apócrifa de control de constitucionalidad. No sale a cuenta oponerse a esta amnistía a consta de destruir nuestra institucionalidad. En todo caso, lo más grave de esta estrategia es el hecho de que, por el camino, se empieza a difundir con éxito una idea especialmente nociva: la de que este gobierno carece de legitimidad por no contar con el respaldo de aquella Cámara, el Senado, donde no rige la aritmética de la antiEspaña, como en el Congreso, sino la genuinamente nacional. Es necesario recordar, ante esto, que la legitimidad de un Gobierno la cifra su apoyo parlamentario en la Cámara Baja, y que este Ejecutivo la tiene por más penosos que sean sus problemas de gobernabilidad. Del mismo modo, quienes quieren caminar por el significante vacío confederal han de ser conscientes también de que toda reforma de la Constitución requiere del concurso del Senado, el cual, si bien no funciona como cámara de representación territorial, y es disfuncional por ello, sí puede vetar cualquier ejercicio del poder de reforma, lo cual nos recuerda que nuestra Carta Magna tiene como base una idea consensual de la democracia.