Los dueños de los medios. Descubrir quién es quién en el tablero mediático da para investigar toda una vida. De hecho, hay decenas de libros en las bibliotecas que lo intentan sin demasiado éxito: porque la radiografía es puntual, parcial y, siempre, incompleta. No solo estamos ante una maraña de empresas cada vez más complejas; también son profundamente opacas y escurridizas. Si construyéramos un Trivial, tendríamos que sacar una edición actualizada cada año. Donde hace unas décadas había familias editoras, comprometidas con la libertad de prensa, hoy hay paraísos fiscales y fondos de inversión.

Los nuevos medios son ya viejos, pero no sus dueños. Quienes hoy mueven los hilos, quienes están imponiendo las normas de juego, no se autorregulan y, por supuesto, no se sienten obligados a respetar a ningún otro poder que no sea el de sus propios intereses y beneficios. En Estados Unidos es el Gobierno de Biden el que ha abierto una batalla contra TikTok, la red social de propiedad china (ByteDance) que más está creciendo y que más triunfa entre los más jóvenes. En nuestro país, nos acaba de sorprender el juez Pedraz poniendo el foco en Telegram, la red de mensajería que ha cautivado a más de 8,5 millones de españoles frente a otras opciones como WhatsApp precisamente “por su seguridad y privacidad”.

Tanto es así que son tres gigantes del audiovisual, Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus, quienes han promovido la denuncia judicial conjunta contra la red creada por Nikólai y Pável Dúrov, los Zuckerberg rusos, por permitir que se compartan sus contenidos violando los derechos de propiedad intelectual.

Los dueños de Telegram operan desde Dubái y se ocultan tras sociedades en las Islas Vírgenes y Caimán. El viernes nos acostamos con el anuncio del juez del cierre cautelar y, en menos de 72 horas, ha rectificado por considerar que la medida era “desproporcionada e injusta” porque acarrearía perjuicios económicos a quienes sí la utilizan correctamente. Y porque, siendo realistas, se trataba de una actuación fácilmente sorteable por quienes ya la utilizan como foco de piratería y de forma delictiva (de las campañas de odio neonazi a la pornografía infantil).

El juez Pedraz ha tenido que recular pero la polémica no acaba aquí. Y mucho menos el problema. Estamos ante el debate de siempre pero a escala global y con unos puntos más de sofisticación y rebeldía. ¿Tememos más a los chinos o a los rusos? ¿De quiénes nos fiamos menos? Sí, irresoluble dilema. Necesitamos más jueces Pedraz pero no improvisando.