Notas al margen
David Fernández
Los europeos no sabemos ni qué decir
El Rey Felipe VI compareció anoche y su mensaje fue cristalino: defensa cerrada de la Constitución y duras palabras hacia los grandes culpables de las circunstancias que hoy se viven, las autoridades autonómicas catalanas, pirómanas sediciosas de la Carta Magna y de su propio Estatuto. Lo peor que podía ocurrir en tal sentido es que el monarca sonase ambiguo, pero su posición no ofreció lugar a dudas: nítida, nítida. Dará la vuelta al mundo y no dejará ni un sólo resquicio sobre dos cuestiones esenciales: que la fractura territorial de España es imposible y no puede ocurrir bajo ningún concepto por una cuestión de solidaridad y responsabilidad histórica y que el mejor camino es buscar un entendimiento dentro de la ley antes de que la cosa pase a mayores. También fue muy emotivo su mensaje a las principales víctimas del fanatismo independentista y antidemocrático, a esos españoles que, sin tener nada que ver con el aquelarre de Pujol y de sus temerarios herederos, estén pasando malos ratos al ver cómo sus sentimientos son minusvalorados por el supremacismo de unos paisanos envenenados por el pecado del orgullo y por la vanidad. Un independentismo, defendido ahora por Putin, Farage y demás carcoma, que parece convencido de que llevar a sus ciudadanos al precipicio y a la confrontación es el mejor camino de fundar, desde la ilegalidad, una presunta república quimérica y perfecta. El Rey, ante ese relato falso y de origen clasista, puso las cartas sobre la mesa y dejó claro que Mariano Rajoy no puede seguir en la incertidumbre y temeroso de lo que diga la opinión pública internacional, que siempre lo criticará o defenderá dependiendo de los propios intereses de cada cual como se ha visto esta misma semana. De ahí vino el error de arreglar el asunto del referéndum tarde y mal y de ahí esas imágenes dantescas de la Policía Nacional y la Guardia Civil siendo intimidadas y sin poder defenderse dentro del territorio español, lo impensable. Los políticos, y en especial el presidente del Gobierno, tienen la obligación de buscar acuerdos, aunque ahora mismo parezcan imposibles. De lo contrario, el Estado de Derecho debe actuar e imponer la ley. España no se puede fracturar a la fuerza. El Estado no puede ir nunca contra sí mismo.
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