Monticello

Víctor J. Vázquez

vvazquez@us.es

Callejón sin salida

Resulta preocupante cuando, al margen de toda lógica jurídica, se sugiere la posibilidad de ilegalizar partidos

La lógica de nuestro sistema de partidos se expresaba claramente: dos partidos nacionales con fuerte implantación en todo el territorio, apoyados eventualmente en el nacionalismo catalán y vasco, garantizaban la gobernabilidad y la alternancia política. La crisis económica primero y el procés catalán después han destruido esta forma a través de la cual España se ordenaba políticamente. Frente a quienes afirmaban que nuestro sistema electoral, casi mimético al de las elecciones preconstitucionales de 1977, era parte del atado y bien atado, y que nuestra democracia era cautiva del bipartidismo, la realidad fue que, sin tocar la ley electoral, y a rebufo de la crisis económica, dos formaciones, una a la izquierda del PSOE, y otra liberal, situada, supuestamente, a la izquierda del PP, irrumpieron con extraordinaria fuerza, modificando el sistema de partidos. A esta circunstancia, como se decía, hay que añadirle una de las principales consecuencias del proceso independentista catalán. A partir del mismo, si bien el PSOE ha podido acceder al gobierno a través de acuerdos con nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, el principal partido conservador español carece de posibilidades reales de pactar con sus homólogos catalanes y vascos. Algo que determina esa imposibilidad –además de la propia radicalización esencialista de la derecha catalana– es que el PP ha compartido el espacio político conservador, primero, con un partido cuya seña de identidad y origen está en el antinacionalismo; y después, con un parido esencialista español que se opone a la propia existencia del Estado Autonómico. Esto, como es obvio, excluye cualquier ecuación en la que partidos nacionalistas sumen para otorgar la confianza a un gobierno del PP. Y la realidad es que, si bien en el ámbito autonómico la derecha puede alcanzar mayorías de gobierno, a nivel nacional ahora es realmente complicado que esto suceda. Desde luego, esto no es sólo un problema para la derecha, sino que es algo que afecta negativamente a la propia salud de la democracia española, en tanto complica de manera muy severa la alternancia democrática y la depuración de responsabilidades de gobierno. No obstante, en este contexto, resulta preocupante cuando, al margen de toda lógica jurídica, se sugiere la posibilidad de intervenir en el pluralismo político, ilegalizando formaciones que son hoy sostén del gobierno. Esa ocurrencia, conviene advertirlo, conduciría a un callejón sin salida, no sólo al partido conservador, sino a la propia democracia española.

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