Un antiséptico utilizado para su higiene personal. Y la muestra, que había pelos. Así describió ayer el jefe de la Unidad de Analidad de la Comisaría General de Policía Científica, Francisco Ramírez, el ácido bórico encontrado en el piso de Lanzarote de Hassan el Haski, uno de los condenados por la Audiencia Nacional por formar parte de la célula que perpetró el 11-M.

Este jefe de peritos, acusado de manipular un informe que relacionada el acido bórico encontrado en la casa de El Haski con las misma sustancia aparecida en el domicilio de un etarra en 2001 y de un antisistema en 1999, negó que esta sustancia se empleara para fabricar explosivos. Por eso, considera que relacionar ambos casos es "absurdo" y no tiene el "menor rigor científico".

Según explicó durante su interrogatorio en el juicio que comenzó ayer contra él y otros tres altos cargos policiales en la Audiencia Provincial de Madrid, Ramírez explicó que ordenó al perito Manuel Escribano que retirara tales observaciones en el informe preliminar porque "no se podía relacionar a estas tres personas y decir que podían ser los autores, cuando ni siquiera coinciden en el tiempo. Es algo tan absurdo que no me pareció asumible".

Sin embargo, Escribano "montó en cólera" y se negó a modificar el documento porque "no admite que se tache nada suyo". Entonces fue Ramírez quien decidió modificar el informe y retirar esos vínculos entre el 11-M y ETA. "Escribano no es un señor que acepte sus errores. Es una persona conflictiva en el laboratorio", espetó.

En respuesta a las tres asociaciones que ejercen la acusación popular, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y el sindicato Manos Limpias, Ramírez explicó que él sí tenía capacidad para realizar ese informe y que, en ningún caso, hizo tal modificación porque recibiera órdenes de la superioridad de retirar en los informes periciales cualquier vínculo con ETA.

El caso salió a la luz después de que los tres peritos hicieran público el informe preliminar que nunca se hizo oficial. En una primera instancia, el juez Baltasar Garzón tuvo que inhibirse en favor de los Juzgados de Madrid, y la juez de instrucción Gema Gallego decidió llevar a los altos cargos policiales a juicio.

Hoy declararán el comisario general de la Policía Científica, Manuel Santano; el secretario general de la Comisaría General de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, y el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas. Se enfrentan a entre seis y nueve años de cárcel.