Diez años de la nueva ruta de la seda

La Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda, (Belt and Road Initiative, BRI) fue anunciada en septiembre de 2013 por Xi Jinping, en un discurso pronunciado en Astana (Kazajistán), pero pasaron algunos años hasta que comenzó a ser objeto de verdadera atención, quizá porque en un primer momento parecía un proyecto poco menos que irrealizable y que venía motivado, sobre todo, por la intención de crear nuevas vías de tránsito terrestre y marítimo para las exportaciones chinas y para sus importaciones de energía, intensificar la presencia de China en África y América y estrechar la vinculación con países del centro y sudeste de Asia. También en 2013 fue anunciada la creación de un nuevo banco multilateral de desarrollo, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, uno de los pilares de la iniciativa, y que puede ser contemplado como una alternativa al Banco Mundial o al FMI. La importancia política y estratégica de la iniciativa, su trascendencia más allá de quien fuere el gobernante, motivaron su inclusión, en 2017, en la Constitución del Partido Comunista de China. Diez años después de su lanzamiento, se ha consolidado como una de las iniciativas mundiales de desarrollo más ambiciosas de la historia, aunque no ha estado ausentes los inconvenientes y debates sobre el despliegue del proyecto, especialmente en lo que respecta a las condiciones de los créditos a países en desarrollo, o a la sostenibilidad ambiental de determinados proyectos. Actualmente, existen acuerdos de entendimiento con casi 150 países y se estima en más de un billón de dólares la financiación relacionada, especialmente en los ámbitos de las infraestructuras básicas y de la energía.

El soporte financiero, además del mencionado banco, viene dado, entre otros, por el Silk Road Fund, orientado hacia la inversión en proyectos de negocio, y por el fondo soberano China Investment Corporation (CIC), que gestiona parte de las reservas de divisas realizando inversiones en el exterior, especialmente en infraestructuras. Además, buena parte de la inversión exterior directa realizada por empresas chinas tiene algún tipo de vinculación con la Iniciativa. Según la información que publica American Enterprise Institute (AEI, China Global Investment Tracker) existe esta vinculación en el 45% de las casi 1.600 tomas de participación en empresas foráneas realizadas por empresas chinas desde 2014 hasta mediados de este año. El importe de estas operaciones es algo superior a 400.000 millones de dólares. Por otra parte, AEI relaciona con la iniciativa la gran mayoría de los contratos internacionales adjudicados a empresas chinas (obra pública, plantas industriales y de energía, etc.) desde 2014, con un importe de 564.000 millones de dólares. Naturalmente, era de esperar una cierta posición ventajosa en las adjudicaciones, sumada, desde luego, a la gran potencia de algunas empresas chinas en construcción de infraestructuras y en generación de energía.

A lo largo de la década, se ha venido transformando la estrategia de inversión y han emergido algunas tendencias.

Entre éstas, la reorientación hacia proyectos de menor escala que los iniciales, mayor atención hacia la calidad de los créditos concedidos, una presencia creciente de las empresas privadas, y un reverdecimiento (greening) de los proyectos. Este último aspecto, la sostenibilidad ambiental, ha adquirido gran importancia y se ha traducido en la asunción de estándares y mejores prácticas internacionales en la definición y ejecución de los proyectos, en las inversiones en generación eléctrica renovable o en la finalización de la construcción en el exterior de nuevas plantas de generación térmica de carbón. Además, es constatable un interés creciente en proyectos relacionados con las materias primas y los dispositivos imprescindibles para la transición energética. Son, por ejemplo, los casos del litio y de las baterías, respectivamente.

La sostenibilidad financiera de la deuda soberana contraída por algunos países partícipes de la Iniciativa viene siendo objeto de preocupación y de debate desde hace algunos años, animado por algunos casos bastante significativos (Sri Lanka entre ellos) que han llevado a hablar de “la trampa de la deuda”. De hecho, China es el mayor acreedor bilateral de los países emergentes. Con el fin de atenuar el riesgo para los inversores chinos y el posible sobreendeudamiento de países receptores, China emitió en 2019 un marco de sostenibilidad de la deuda para las inversiones en el exterior. No obstante, los problemas de devolución de créditos, derivados de la pandemia, han llevado a China a participar en la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, mecanismo multilateral adoptado por el G20 e implementado por el Banco Mundial y el FMI en 2020. Hasta entonces, la resolución de los problemas de deuda era bilateral entre China y el Estado en cuestión.

Inicialmente, era mayoritaria la participación de empresas publicas chinas en la Iniciativa, para las cuales la salida al exterior era una vía útil para evitar problemas de sobrecapacidad respecto a la futura demanda interior. Sin embargo, la mencionada información proporcionada por AEI pone de manifiesto que desde 2020 son empresas privadas las que están liderando las inversiones empresariales relacionadas con la Iniciativa. Esto quizá se deba a su creciente capacidad competitiva en algunos sectores, tales como vehículos eléctricos o equipamiento para generación renovable, entre otros. Pero lo más notable, es que parecen enfocarse en la construcción de nuevas instalaciones productivas, más que en tomas de participación en las sociedades titulares de instalaciones ya existentes.

La celebración del décimo aniversario de la Iniciativa ha dado lugar a una cumbre celebrada en Pekín la semana pasada, a la que han acudido dirigentes de 130 países participantes (Italia anunció su salida el pasado mes de junio). Hace una década estábamos en culmen de la globalización y era generalmente aceptada la necesidad de avanzar en la construcción de infraestructura para avanzar en la conectividad. Ahora nos encontramos con tendencias hacia la desglobalización y el desacoplamiento, con conflictos bélicos no esperados, con consecuencias casi estructurales derivadas de la pandemia, e incluso un riesgo de fragmentación si no mejoran las relaciones entre EEUU y China. Todo esto no beneficia a una Iniciativa orientada hacia la integración, pero, probablemente, durante la próxima década asistiremos a su adaptación a las nuevas circunstancias, antes que a su decaimiento.