La junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol ha aprobado este jueves la propuesta del presidente del organismo, Luis Rubiales, para finalizar la temporada regular en las competición de su competencia y pasar directamente a celebrar los play off de ascenso a las distintas categorías. Una medida que tomará cuerpo definitivamente cuando este viernes la comisión delegada la ratifique, en lo que será un simple trámite para que Rubiales termine por salir con la suya.

La medida, más allá de finiquitar la temporada del Córdoba CF y cercenar sus posibilidades de ascenso en el presente curso, se antoja como una solución que puede terminar acarreando más problemas de los que soluciona. Y es que la Federación tendrá que enfrentarse ahora a dilemas de complicada resolución, como la reestructuración de la Segunda División B el próximo curso, el condicionado calendario de la temporada venidera y las demandas que varios equipos ya han anunciado que estudian ante lo que consideran un atropello de sus derechos.

Más allá de la organización tan compleja que tiene que afrontar en las próximas semanas para la celebración de las eliminatorias de ascenso, la RFEF tendrá un auténtico problema cuando mire a la campaña venidera. La solución de Rubiales de suprimir los descensos y permitir los ascensos dibujará una Segunda B de 100 equipos -divididos en cinco grupos- en la 2020-21. Esa anomalía obligará a modificar el sistema de competición, que apunta a la división en subgrupos para una primera fase que dejaría lugar a una segunda previa al play off definitivo.

En todo caso, la superpoblación de la categoría restará competitividad e interés a una división ya de por sí castigada y muy alejada de LaLiga, que puede recibir de esta forma una estocada prácticamente definitiva. Muchos son los equipos que ya se han pronunciado en este sentido.

Y si complicado será articular el sistema de competición, cuadrar un calendario más o menos normal también supone un reto importante. Con la previsión de disputar el play off del presente curso entre finales de junio e inicios de julio, las primeras estimaciones del inicio de la próxima campaña se sitúan ya en el mes de octubre, lo que tendría a muchos equipos seis meses sin actividad, con lo que ello supone para sus ingresos económicos. Además, en lo deportivo, el próximo curso está abocado a tener un calendario muy comprimido.

Pero no hay que irse muy lejos en el tiempo para adivinar los problemas que tendrá la Federación tras esta controvertida decisión. En el plano jurídico, esos inconvenientes van a empezar a presentarse antes. Algunos equipos de Segunda B, con el Lleida como ejemplo más claro, están dispuestos a llevar esta supresión de la competición ante los tribunales, al considerar que no se ajusta al reglamento actual y que carece de cobertura por parte del Gobierno de España.

En este sentido, el Córdoba se reservó la opción a defender sus derechos ante un juez, pero los responsables del Lleida ya han hablado abiertamente de ir a los juzgados contra la RFEF. A buen seguro, y salvo sorpresa mayúscula, no será el único equipo que acabe judicializando esta decisión.