Simo, jugador del Córdoba CF que el pasado lunes fue detenido por un presunto delito de malos tratos sobre su pareja y que se encuentra en libertad provisional, tendrá que enfrentarse a un juicio acusado de un delito de lesiones por violencia de género, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El organismo jurídico informó de que la causa abierta contra el futbolista se encuentra actualmente en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, que ha iniciado diligencias urgentes y elevará la causa al Juzgado de lo Penal número 6 para la celebración del correspondiente juicio. Simo se enfrenta a un "delito de lesiones por violencia de género", según confirmó el TSJA.

Añade, además, dicho tribunal que este procedimiento tendrá lugar "después de que el investigado no se conformara con la condena solicitada por la Fiscalía en el marco de dichas diligencias urgentes". El jugador, por lo tanto, tendrá que comparecer ante el juez en un proceso que se celebrará en el plazo de un par de semanas, según fuentes judiciales.

Simo Bouzaidi fue detenido el pasado lunes por la tarde después de que la Policía Nacional acudiera a su domicilio particular tras una riña del futbolista con su pareja. Tras su arresto, el futbolista fue puesto a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba, que decretó su libertad provisional después de que la pareja del futbolista no quisiera ratificar la denuncia y de que el propio Simo se negase a declarar, acogiéndose a su derecho a no hacerlo.

Desde que tuvo lugar su detención, el futbolista sigue ejercitándose con normalidad junto al resto de sus compañeros y por el momento el Córdoba CF no ha querido pronunciarse de manera oficial sobre el asunto, aunque fuentes del club descartan que, hasta que el caso no se esclarezca, se tomen medidas disciplinarias con el jugador.

En este sentido, cabe reseñar que la mujer víctima de la supuesta agresión no quiso presentar denuncia contra Simo e incluso ha negado los hechos de manera pública a través de las redes sociales. Pese a ello, la Fiscalía provincial actuó de oficio al entender que había indicios de un delito de maltrato.