Hasta cuatro juicios se tuvieron que suspender ayer en el juzgado de lo Penal 6 por la falta de trabajadores. Se trata de una situación que llega motivada, según las fuentes consultadas por el Día, por la falta de personal y también por el hecho de la situación de sobrecarga laboral que acusa este juzgado desde que comparte la jurisdicción de Menores con los asuntos de violencia de género.

Este hecho ha provocado que los juicios no se pudieran celebrar, ya que las personas que tenían que comparecer no han sido citadas porque uno de los trabajadores se encuentra de baja.

Y es que, a pesar de este tribunal se iba a centrar en los delitos de violencia de género, actualmente sigue tramitando los casos que quedan pendientes de menores y la plantilla “tiene que hacer todo con el mismo número de trabajadores”.

Se trata de una situación, según las mismas fuentes, que hace que los trabajadores se encuentren “saturados”. “Tenemos un juzgado en exclusiva, pero andando a medias”, han detallado.

Las citadas fuentes han asegurado que esta situación puede llegar a extenderse durante, al menos, dos o tres años, a tenor de la carga de trabajo que acumulan y recordaron que cuando se llevó a cabo esta reordenación –tras la reconversión del ya extinguido Juzgado de Menores número 2 al Juzgado de lo Penal número 6 con competencias en materia de violencia de género– se puso en marcha una medida que implicó durante tres meses que tres funcionarios de manera voluntaria trabajaran en horario de tarde.

Sin embargo, los tres meses pasaron, ha entrado un nuevo equipo de gobierno en la Junta de Andalucía, y esta medida no se ha prorrogado.

Esta denuncia se suma a la petición que ya ha hecho CSIF Córdoba, que ha demandado al Comité de Seguridad y Salud de Justicia que incluya en el orden del día de su reunión prevista para el 11 de abril la realización de una evaluación de riesgos psicosociales de los funcionarios que trabajan en el Juzgado de lo Penal número 6.

Mientras, el Sindicato Profesional de Justicia SPJ-USO ha informado de que el 11 de abril se va a reunir el citado comité donde se atenderán “la situación de colapso por falta de personal y de medios materiales de los juzgados de primera instancia 3 y 5, con especialidad en Familia y se evaluarán los riesgos psicosociales de los funcionarios que trabajan en ellos.

El pasado 15 de febrero, SPJ-USO ya alertaba que el órgano gestiona un 200% más de asuntos que lo fijado por el Consejo General del Poder Judicial y la falta de medios.