Los funcionarios de Justicia denunciaron ayer "la precaria situación del Juzgado de lo Penal número 6 de Violencia sobre la mujer de Córdoba- Menores que hoy por hoy carece de exclusividad y se encuentra infradotado" y aseguraron que es "de vital urgencia tanto la formación específica de su personal, tutorizada por compañeros con experiencia previa en la jurisdicción". A esta demanda, los trabajadores reclamaron el nombramiento de funcionarios de forma provisional para liquidar el Juzgado número 2 de Menores.

Esta situación se ha producido, según explicaron, tras la puesta en marcha del Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba, que se creó -como exclusivo de Violencia sobre la mujer- hace ahora tres meses. Sin embargo, aseguraron que "esta exclusividad está matizada y no lo es por el hecho de que también tiene competencia sobre la jurisdicción del menor, debido al método de conversión utilizado". Así, indicaron que también tiene encomendado "el trabajo que llevaba el juzgado número dos de Menores, de tal forma que a estas alturas podemos afirmar que dicha exclusividad no tiene nada de realidad".

Los funcionarios indicaron también que tampoco está dotado de un juez exclusivo, ya que el titular "se encuentra comisionado con un destino en la Audiencia Provincial, de tal forma que ejerce la sustitución el titular del Juzgado de Menores de Córdoba, que por tanto abarca lo que antes eran los dos Juzgados de Menores más este Penal de Violencia sobre la Mujer. A esto hay que sumar, continuaron, el hecho de que la letrada de la Administración de Justicia "obtuvo nuevo destino y cesará a finales del presente mes de marzo, por lo que será igualmente sustituido".

Los funcionarios detallaron también que con todo ello "la plantilla alterna la jurisdicción de violencia con la del menor, por razones obvias en dependencias separadas, con todo lo que conlleva de trasiego de personal, medios y penosidad". En este punto, advirtieron de que entre los trabajadores "ya se viene resintiendo la salud por motivo de ansiedad y estrés, al tener que hacer frente a dos jurisdicciones con una sola plantilla con unos requerimientos de especificidad e inmediatez de respuesta al justiciable inasumibles, dadas las condiciones en que ha de prestarse el servicio".

En la misma denuncia, la plantilla suma "la necesaria especialización de ambas jurisdicciones, que si bien los funcionarios ya lo estaban en la de menores, para nada esto ocurre en la de Penal-Violencia sobre la mujer, a la que han tenido que hacer frente con el único arma de su esfuerzo personal". La plantilla aseguró también que la Administración, según fuentes sindicales, "había admitido la tutorización por compañeros con experiencia en la materia, como mejor opción práctica para ejercer la docencia, no ha materializado tal recurso, como tampoco lo ha hecho con personal suficiente para que se haga cargo de atender a la jurisdicción de menores, que constituye un auténtico lastre para prestar un servicio fiable y de calidad en ambas".