Rechazo sindical a la privatización de la asistencia al alumnado con necesidades educativas especiales

El comité de empresa del Personal Laboral de la Delegación de Educación y Deporte en Córdoba ha mostrado su rechazo al decreto que establece el servicio complementario de apoyo y asistencia para

alumnado con necesidades educativas especiales por parte del profesional técnico de integración social y de interpretación de lengua de signos española y se regulan las condiciones para su prestación, autorización y gestión.

Los sindicatos, que se han concentrado ante la sede de la Delegación de Educación, han señalado que el citado decreto no ha tenido en cuenta las aportaciones o propuestas realizadas por las organizaciones sindicales, ni los intereses del personal laboral acogido al VI Convenio Colectivo.

Así, han recordado que la nueva normativa establece que la atención al alumnado con necesidades educativas especiales pasa a ser considerado un “servicio complementario” que prestarán empresas externas subcontratadas. A su juicio, con este decreto se contradice “la Ley de Educación de Andalucía, con el único objetivo de privatizar la atención al alumnado más vulnerable, lo que pone en serio riesgo el derecho a la educación en igualdad de oportunidades de estas niñas y niños” y la atención se equipara a las prestaciones que la citada norma define como “servicios complementarios”: comedor, aula matinal y actividades extraescolares.

Por todo ello, el comité de empresa ha señalado que este decreto “queda fuera del marco legal establecido y han añadido que consideran inadmisible que, en lugar de revertir la externalización de puestos de trabajo, se ahonde en el proceso de privatización en el sector, que además precariza el empleo y los derechos laborales de las personas que trabajan en el mismo” .

Los sindicatos han explicado también que cal como contempla la Ley Andaluza de Educación (LEA) en su artículo 116, la atención (que no el “servicio”) al alumnado con necesidades educativas especiales, corresponde al profesorado y, en su caso, a otros profesionales con la debida cualificación.

Los puestos de trabajo de las personas que desarrollan las funciones de apoyo y asistencia al alumnado con este tipo de necesidades on puestos de trabajo estructurales y de carácter esencial, por lo que su privatización está fuera de cualquier opción.

Por todo ello, han propuesto la gestión pública directa para la atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales y ha exigido que el citado decreto se derogue por completo y quede sin efecto desde este mismo momento, “ya que ataca de frente al derecho del alumnado con necesidades educativas especiales de recibir una asistencia profesional y de calidad, contra el personal que desempeña las funciones de apoyo y asistencia a este alumnado y al conjunto del sistema educativo andaluz”.