El presidente de la Cámara niega a los vocales del Comercio las actas del pleno

Nuevo enfrentamiento entre el sector del comercio -representado por Comercio Córdoba- y el presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa. En esta ocasión, las actas de los plenos celebrados durante el mandato de Fernández de Mesa son el origen de la polémica, ya que el dirigente se ha negado en redondo a facilitar esa documentación. Así, según la documentación a la que ha tenido acceso el Día, el vocal de Comercio Córdoba Alfonso Alcaide ha realizado hasta en dos ocasiones sendas peticiones en las que reclama al máximo dirigente del órgano cameral que le envíe esa documentación. El primero de los escritos se registró el 29 de enero y en el mismo Alcaide señala que, de acuerdo a la legislación vigente "el Pleno es el órgano supremo de representación y gobierno de la Cámara". Añade que en el reglamento de la entidad queda claro que "el secretario levantará acta de cada sesión que certificará con su firma y con el visto bueno del presidente, coleccionándose y custodiándose bajo la responsabilidad de aquel". Por ello, el vocal de Comercio Córdoba solicita que "a la mayor brevedad posible se me remita copia certificada por la Secretaría de las actas de todas la sesiones de este órgano que se hayan celebrado desde que adquirí la condición de vocal".

La solicitud de este vocal obtiene respuesta del presidente una semana más tarde, concretamente el 31 de enero, en un escrito en el que Ignacio Fernández de Mesa señala que las actas que reclama están a su disposición para su consulta en la Secretaría General de la Cámara, "pudiendo asimismo obtener certificación de los acuerdos plenarios concretos que estime oportuno". Así, el dirigente rechaza facilitar copia de las actas y añade que "pongo en su conocimiento que las actas pueden contener datos de carácter personal susceptibles de ser protegidos por lo establecido en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en la Ley 15/199 de protección de datos de carácter personal, por lo que debe quedar garantizada la confidencialidad de los mismos".

El mismo escrito de solicitud se registra el 24 de febrero y la misma respuesta negativa se remite el 25 de febrero. No obstante, el vocal de Comercio Córdoba ha enviado esos mismas peticiones a la delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, María de los Santos Córdoba, con el fin de que conozca lo ocurrido como "responsable de la Administración tutelante". Las fuentes consultadas han señalado que el argumento de Fernández de Mesa sobre protección de datos no tiene sentido en este caso, ya que los plenos cuentan con personas invitadas que asisten a las sesiones por cortesía de la Presidencia y, además, incluso pueden ser actos abiertos si así lo estima el máximo responsable de la institución. Con esta queja, el comercio ha querido poner de manifiesto de nuevo su disconformidad con las formas de Fernández de Mesa a la hora de gobernar esta institución.

Así quedó patente en el último pleno del órgano cameral, en el que se suponía que el presidente tenía que dar cuenta de los gastos que ha realizado desde que fue elegido. Comercio Córdoba pidió entonces a través de Alfonso Alcaide que la sesión fuera abierta a los medios informativos en aras a las transparencia, si bien Fernández de Mesa se negó. Es más, esa sesión sirvió para enfrentar aún más a los comerciantes y al actual presidente, hasta el punto de que el responsable de Comercio Córdoba, Rafael Bados, señaló que en la Cámara de Comercio e Industria de Córdoba se había producido un "golpe de estado" en la entidad, por lo que reclamó la intervención de la Junta de Andalucía, como administración tutelante, ante lo ocurrido en esa sesión plenaria. Bados llegó incluso a acusar a Fernández de Mesa de adulterar el pleno.