La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía ha advertido del "cúmulo de irregularidades" que, han asegurado, existen en el pliego de licitación del parking del Hospital. "La vorágine especulativa y de privatización sin precedentes de la sanidad pública del consejero Jesús Aguirre se demuestra con una licitación plagada de anomalías y contradicciones", han insistido desde el colectivo.

Según la plataforma, el pliego de condiciones de la privatización de los aparcamientos del Hospital Reina Sofía es "un auténtico desastre lleno de contradicciones y de irregularidades. Todas estas podrían motivar la nulidad del documento, siendo varias las razones que desde el punto de vista jurídico justifican acudir a los tribunales contra el despropósito que representa el pliego de licitación".

El colectivo ciudadano ha señalado, entre otras, que no se define "de dónde sale" el presupuesto del contrato. "Teniendo en cuenta que el artículo 100 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) señala que 'A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario' y que este expediente no genera gastos, carece de justificación alguna", han explicado.

Asimismo, la plataforma ha apuntado que en el caso de los contratos de concesión de servicios, el órgano de contratación tomará el importe neto de la cifra de negocios para hallar el presupuesto del contrato, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido que, según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios. "Pues bien, los datos reflejados en el pliego de condiciones no coinciden con los señalados en el cuadro resumen del cláusula 9 del PCAP  (Pliego Cláusulas Administrativas Particulares)", han explicado desde el colectivo. Además, han añadido, la suma del canon no es tampoco el presupuesto del contrato.

Para el colectivo, con aspectos como los señalados se demuestra de "manera clara" cómo "se ha hecho de mal esta licitación, pensando exclusivamente en una concesión rápida sin tener ni siquiera en cuenta que la actualización del canon por el IPC sería nula ya que el canon se entiende que es un valor monetario y por tanto de aplicación la Ley 2/2015 de 30 de marzo de Desindexación de la Economía Española". Igualmente, han insistido, el pliego señala que no hay revisión de precios, "cuando efectivamente es un valor monetario, por lo que es contradictorio e incongruente".   

Desde la plataforma han destacado que podría declarase nula la licitación por no realizarse electrónicamente. En este punto han reconocido que les "llama mucho la atención" que la Junta de Andalucía haga referencia en el pliego de condiciones publicado a la necesidad medios electrónicos específicos que eximirían de la licitación electrónica conforme a la Disposición Adicional decimoquinta de la ley. Esto, han asegurado desde la plataforma, es "totalmente falso", no slo porque desde marzo de 2018 "es obligatoria la licitación electrónica y han tenido más que tiempo en actualizarse", sino porque "incluso desde abril de 2019 la Junta de Andalucía tiene contratado la implantación electrónica". Además, han apostillado, la Plataforma de Contratación del Sector Público es gratuita para cualquier órgano de contratación y por tanto podría utilizarse.

Por último, la fórmula aritmética que aparece en el pliego de condiciones y que será utilizada para dar las puntuaciones, igualmente podría ser nula, "ya que existe una doble puntuación de la parte económica", ha aseverado la plataforma.