La Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social (ACES), y la de Escuelas Infantiles Unidas (EIU) se concentraron ayer ante las puertas de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en defensa de sus reclamaciones sobre la financiación de estos centros. La manifestación aglutinó a más de 300 personas, quienes pidieron la suspensión del decreto ley aprobado ayer en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Las asociaciones denuncian que "la aprobación de este decreto y la introducción de un nuevo modelo de financiación para el curso escolar 2017-2018, supone una disminución de las ayudas a los padres y un recorte de los derechos adquiridos". En la provincia de Córdoba, la medida podría afectar a más de 4.350 familias, según sus cálculos.

La delegada de EIU de Córdoba, Macarena Moreno, manifestó que "el presupuesto ha subido un 3,6% y se han ofertado 12.500 plazas más", y añadió que "hemos intentado que haya una apertura de los plazos de cara al acceso de las bonificaciones, pero por desgracia no hemos conseguido llegar a ningún tipo de acuerdo".

Ante el retraso por parte de la Consejería en publicar el nuevo decreto, este curso habrá un proceso excepcional de escolarización para solicitar las bonificaciones. "Fuera de este plazo las familias tendrán opción a plaza, pero no a bonificación", manifestó Moreno, y añadió que "al solicitar plaza fuera del procedimiento de escolarización podrán obtenerla en el centro solicitado siempre que cuente con vacantes, pero sin poder disfrutar de ningún tipo de bonificación o subvenciones por estar sometido a un presupuesto cerrado".

"Desde EIU pedimos un precio único y público, además de que el plazo para las bonificaciones permanezca abierto durante todo el año académico", declaró la delegada de la asociación, quien además pidió a la Junta "una subida del IPC, congelado desde 2009, y la entrega de un borrador del Decreto Ley". Moreno también denunció que "la Delegación se ha reunido con las diferentes asociaciones por separado, y a cada una nos ha manifestado una cosa distinta". Igualmente manifestó que "la conciliación de la vida familiar y laboral desaparece de esta norma, ya que si una madre o padre se incorpora a un puesto de trabajo en octubre ya no podrá obtener subvención para su hijo, lo cual supone un serio problema para los colectivos de mujeres que acceden a trabajos precarios y necesitan ayudas para poder ejercerlos". De este modo, EIU entregó en el registro oficial de la Delegación una recopilación de 7.645 firmas contra el decreto y convocó un paro profesional en todos los centros de 10:00 a 11:30.

Por su parte, la coordinadora de educación del PP de Córdoba, Luisa María Arcas, anunció que el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía pedirá en el pleno de mañana la retirada del nuevo decreto ley sobre Educación Infantil de la Junta. "Pretendemos que se suspenda la aprobación de esta nueva norma para que no afecte a la ley vigente por la cual se regulan los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil".