El parque público de vivienda de Andalucía registró entre los años 2019 y 2022 un total de 2.753 actuaciones de lanzamiento/desahucio, si bien la cifra contabilizada en 2022 -637- fue un 26% inferior a la de 864 anotada en 2019. En el caso de Córdoba, entre esos mismos ejercicios se contabilizaron un total de 282 actuaciones, siendo el año 2021 el de mayor incidencia. 

Son cifras que ha detallado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en una respuesta escrita a una pregunta formulada por diputados del Grupo Socialista, tras su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA). La respuesta de la consejera de Vivienda detalla las actuaciones de lanzamiento/desahucio del parque público andaluz entre los años 2019 y 2022 por provincia, municipio y año.

En este sentido, Córdoba capital registró actuaciones de lanzamiento/desahucio en su parque público de viviendas en cada uno de los cuatro años analizados, cuando, además, se produjeron en aquella provincia casos en otros siete municipios en 2020, en un total de nueve localidades en 2021 y en 11 términos municipales en 2022, que fueron, en concreto, Córdoba, Baena, Lucena, Montilla, Peñarroya, Pozoblanco, Puente Genil, Rute, Santaella, La Victoria y Villa del Río.

Por años y provincia

De los datos incluidos en la respuesta se desprende que el año del periodo analizado en el que se contabilizaron más actuaciones de lanzamiento/desahucio en el parque público de vivienda de Andalucía fue 2019, con un total de 864, de las que casi una cuarta parte -un total de 280- se registraron en la provincia de Jaén, que sumó más del doble de actuaciones que la de Cádiz, que sumó 126.

En las demás provincias se registraron, en el referido año 2019, un total de 108 actuaciones de lanzamiento/desahucio en Sevilla, 106 en Almería, 72 en Málaga, 71 en Granada, 53 en Huelva y 48 en Córdoba.

En 2020, primer año de la pandemia de Covid-19 que motivó en marzo la declaración, por parte del Gobierno, del estado de alarma en España y el confinamiento generalizado de la población en sus domicilios durante unos meses, la cifra de lanzamientos/desahucios en el parque público de viviendas andaluzas se redujo en un 35% en comparación con 2019, hasta quedarse en un total de 561.

Por provincias, Sevilla concentró 184 de dichas actuaciones, situándose así por delante de Granada, con 86; Jaén, con 72, y Huelva, con 64. En el parque público de viviendas de Cádiz se registraron 54 actuaciones de lanzamiento/desahucio, mientras que en Córdoba fueron 53; en Almería, 28, y en Málaga, 20.

El número de lanzamientos/desahucios en el parque público de viviendas de Andalucía volvió a repuntar en 2021, con un 23% más de actuaciones que el año anterior, hasta alcanzar un total de 691, de las que los volúmenes más destacados se localizaron en Sevilla, con 180; Jaén, con 133; Cádiz, con 104, y Córdoba, con 102. Por debajo del centenar de actuaciones se situaron aquel año las provincias de Granada -con 84-, Huelva (33), Málaga (28), y Almería, con 27 en su parque público de viviendas.

En el año 2022, la Junta contabilizó un total de 637 actuaciones de lanzamiento/desahucio en su parque público de viviendas, un 8% menos que en 2021, con sólo dos provincias -Jaén y Sevilla- con más de un centenar de casos; en concreto, 186 y 178, respectivamente. En las demás provincias se registraron en el año 2022 un total de 92 actuaciones en Cádiz, 79 en Córdoba, 56 en Granada, 22 en Huelva, 13 en Almería y 11 en Málaga.

La respuesta además precisa que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) "no tiene establecido un protocolo específico de acompañamiento e intervención psicosocial en los supuestos de lanzamientos/desahucios, dado que la posible intervención social no es competencia de AVRA, sino de los servicios sociales comunitarios de cada ayuntamiento", y ello "con independencia de que a lo largo de la tramitación de estas actuaciones se dé traslado a dichos servicios sociales por si fuera necesaria su intervención".

No obstante esto, AVRA "cuenta con un equipo de trabajadores sociales cualificados en cada provincia para la gestión y administración de su parque público de vivienda", según apostilla Rocío Díaz en su respuesta a los diputados del PSOE-A.