El Movimiento Ciudadano pide que la Policía Local "se tome en serio" el control del exceso de ruido en Córdoba

El colectivo reclama la mejora y refuerzo de los recursos municipales en materia de seguridad, emergencias y gestión de la vía pública con medidas como, por ejemplo, más presencia policial estable en las barriadas periféricas o una unidad policial específica para terrazas y veladores

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Jóvenes a las puertas de un local de ocio de la ciudad / Juan Ayala

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) sostiene que Córdoba necesita que la Policía Local “se tome en serio” el control del exceso de ruido, una labor que —subraya— requiere personal y material especializado. “Si ya se actuara de manera efectiva, sería innecesaria la ordenanza de convivencia”, afirma el máximo órgano de participación ciudadana reconocido por el Ayuntamiento de Córdoba.

Estas consideraciones forman parte de un decálogo de propuestas que el CMC ha trasladado al edil de Seguridad y Vía Pública, Jesús Coca, a quien ha invitado el colectivo a su última sesión plenaria. El documento, además de insistir en la necesidad de reforzar los medios contra la contaminación acústica, incluye otras medidas orientadas a mejorar la convivencia ciudadana en la capital.

Entre las propuestas trasladadas por el Consejo del Movimiento Ciudadano figura también la actualización del Plan de Emergencia Municipal, teniendo en cuenta los incendios, inundaciones y accidentes registrados en los últimos meses. El CMC subraya que esta revisión debería abordarse de manera prioritaria y con participación ciudadana.

El documento advierte además de que el sistema de vigilancia en las zonas periféricas sigue siendo insuficiente. En este sentido, el Consejo considera que las patrullas Águila no están cubriendo las expectativas ni las necesidades de estos barrios y recuerda que, con la incorporación de nuevos agentes, se planteó un modelo alternativo con presencia policial estable en cada una de las siete barriadas periféricas, incluida Levante Este.

En relación con la seguridad ciudadana, el CMC valora positivamente la creación de la Patrulla Rayo en la zona sur y reclama que se concrete en qué otros distritos debería implantarse una actuación similar.

Refuerzo de la Línea Verde

Otra de las reivindicaciones se centra en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento, "cuyas plantillas y bases deberían adaptarse a la extensión del término municipal". En este marco, el Consejo del Movimiento Ciudadano solicita un refuerzo de la Línea Verde para atender las necesidades de la Sierra en materia de incendios y de la Vega en el control de la recogida de residuos, entre otros servicios.

El decálogo también reclama la recuperación de la figura del intendente de Participación Ciudadana, "que actuaría como enlace entre la Policía Local, el CMC y los consejos de distrito". Ante la imposibilidad de crear Juntas de Seguridad de Distrito, el CMC propone que cada distrito cuente con un responsable policial, con presencia periódica en los centros cívicos, atención directa al vecindario y contacto permanente con los consejos de distrito.

Asimismo, el colectivo recuerda desde la Comisión de Vía Pública y Veladores se ha mostrado acuerdo en la necesidad de crear una unidad policial específica para el control de la vía pública, especialmente en lo relativo a terrazas y veladores, una medida que el CMC considera que debería ponerse en marcha de forma inmediata.

El Consejo también solicita al Ayuntamiento datos concretos sobre las sanciones de tráfico, desglosadas por tipo de vehículo —patinetes, motocicletas, bicicletas, turismos o vehículos de reparto—, así como información sobre los atropellos a peatones.

Otra de las peticiones se refiere a un mayor control en zonas de aparcamiento vecinal, como Corregidor o la Plaza de Toros, así como en espacios de estacionamiento reservado, como Miraflores.

Por último, el CMC alerta de los problemas persistentes en el uso de la vía pública. Según denuncia, los trámites y exigencias administrativas se han multiplicado, por lo que considera necesario modificar la normativa y ofrecer mayor flexibilidad para evitar que se desincentive la organización de actividades por parte de entidades sociales, ciudadanas y sin ánimo de lucro.

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