El letrado del Ayuntamiento de Córdoba acusa a David Dorado de firmar un contrato que es "una patada a la legislación"

El juicio por el caso Infraestructuras ha sido suspendido este jueves tras la incomparecencia de un testigo que el juez ha considerado clave para la resolución del caso. La ausencia ha sido la de uno de los capataces técnicos de la delegación de Infraestructuras que supuestamente se encargó de formular el contrato con la empresa del sistema de seguridad de alarmas para colegios públicos y edificios municipales entre el año 2018 y 2020 y que finalmente firmó David Dorado.

De momento, se desconoce la fecha en la que el juicio continuará y en el que testificará el exedil David Dorado, acusado de un presunto delito de prevaricación al cometer supuestas irregularidades en contrataciones en la delegación de Infraestructuras cuando estaba al cargo como concejal. El Ministerio Fiscal pidió que se inhabilite a David Dorado de empleo o cargo público durante 12 años.

Pese a la suspensión de la sesión de este jueves, a falta del técnico del Consistorio, han declarado todos los testigos. El letrado jefe de la asesoría jurídica municipal, quien destapó el caso junto a la concejala tristemente fallecida, Amparo Pernichi (IU), ha acusado a David Dorado de darle "una patada a la legislación de contratos" al firmar un contrato en el 2020 para la seguridad de los colegios de Córdoba (alarmas) en el que "no tiene competencia", pues, según su declaración, "no tenía un informe técnico que lo avale".

"Cualquier concejal no tiene por qué tener conocimientos técnicos de nada, por tanto, cuando tenga el informe elaborado por un técnico, lo firmará. En este caso, se firma un contrato sin ningún informe técnico previo que lo avale. Eso sí lo sabe un concejal, que no debe firmar nada sin un informe técnico. Si firmas un contrato sin el apoyo de un técnico, allá la responsabilidad de cada uno", ha recriminado el letrado municipal, quien ha hecho hincapié en que el contrato que supuestamente firmó Dorado "es un contrato particular donde no figuraba ni el precio".

En 2020, David Dorado firmó presuntamente un contrato para la ampliación de la prestación del servicio de alarmas de los colegios de Córdoba durante la pandemia como prórroga a otro contrato firmado con la misma empresa adjudicado mediante procedimiento de contratación pública en el 2018. Según el letrado del Ayuntamiento, se hizo "con buen criterio y de manera excepcional" porque se les echó "la pandemia encima" y los colegios no se podían quedar sin seguridad. Sin embargo, le "extrañó que más tarde llegara la desestimación y se dijera que se procedía a otro procedimiento de contratación que era bastante deficitario y con pliegos mal hechos que no se llegaron a subsanar".

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien también ha sido llamado a declarar por el caso Infraestructuras y quien ha asegurado que no tiene relación con el acusado desde que lo cesó en noviembre de 2021, ha señalado que "no es habitual" que se firme el contrato que supuestamente firmó Dorado en 2020 en el que, según la pregunta del fiscal tras la declaración del letrado jefe de la asesoría jurídica municipal, tenía un membrete que indicaba que ese contrato no tenía un informe técnico y que era de obra mayor.

Bellido ha recalcado que lo único que conoce es "el informe de la asesoría jurídica" y ha reconocido que manifestó a sus concejales que debían firmar los informes procedentes de sus técnicos porque ellos son políticos, no especialistas en la materia. "Según la materia, se suelen firmar confiando en el criterio del técnico", ha explicado Bellido, quien ha indicado que "es de sentido común que los colegios debían tener su alarma durante la pandemia", por lo que "era de lógica contratar ese servicio" en mayo de 2020.

Más testigos

"Dorado no tenía delegación en los contratos menores, el órgano competente para aprobarlo es la junta de gobierno local. El contrato no era menor porque para eso tiene que ser de un importe que no supere los 15.000 euros, no puede ser superior al año y nunca puede ser prorrogable, por tanto, no es un contrato de obra menor", ha señalado el funcionario de órgano de apoyo a la junta de gobierno local sobre el contrato que, pese a que conllevó facturas inferiores a los 3.000 euros, excedió los 15.000 euros y fue prorrogado dos años más según la acusación.

En su declaración, ha señalado que "el informe jurídico del expediente de contratación no ha existido" y que se ha omitido "el anuncio de licitación" posterior al servicio y también "la contratación". Por su parte, la excoordinadora del área de Infraestructuras y responsable de los técnicos, María Luisa Bueno, ha insistido en que el contrato firmado supuestamente por ella y por Dorado en 2020 "es un barrido de documento contable que hace un técnico para no dejar a los colegios desatendidos en su seguridad, no un desistimiento de contrato". Además, ha recalcado la fiabilidad de los políticos en "funcionarios que llevan 30 años ejerciendo su trabajo" y que elaboran los contratos.

El ingeniero técnico de Infraestructuras y jefe de varias unidades de la delegación cuando mandaba David Dorado ha recordado durante su intervención como testigo que el contrato firmado en 2020 era "un servicio que no se podía desatender" y ha precisado que las facturas emitidas "no se hubiesen tramitado si fuesen mayores de 3.000 por el departamento de contabilidad", pues serían consideradas de obra mayor.

"Es inviable que un concejal pueda estar al tanto en el día a día de todas las incidencias que hay. Todo ello no lo lleva un concejal, sino toda la jerarquía que hay antes de llegar a él", ha añadido el ingeniero, quien ha asegurado que el contrato "se firma cuando ya se han dado todos los vistos buenos".