La Fiscalía del Tribunal de Cuentas reclama el reintegro de 61.000 euros del Caso Infraestructuras

El Tribunal de Cuentas sigue adelante con la investigación del Caso Infraestructuras. La Fiscalía del organismo fiscalizador se ha adherido a la demanda de reintegro presentada por el Ayuntamiento de Córdoba para recuperar más de 55.000 euros que se habrían pagado de manera indebida en varias obras. El Ministerio Público apunta a la presunta responsabilidad contable del exconcejal David Dorado y de un técnico municipal; el primero fue desimputado hace unos días por la vía penal, mientras que el funcionario sigue investigado.

El fiscal entiende que existen "desajustes" entre los precios abonados por la administración municipal y las prestaciones efectivamente realizadas en la ejecución de cuatro contratos menores. La diferencia asciende a 55.498 euros, que es el importe al que, para el Ministerio Público, asciende el "alcalce o malversación". A esta suma habría que añadir unos intereses de 6.010 euros, por lo que la suma total asciende a 61.508 euros.

El pasado noviembre, el Tribunal de Cuentas ratificó el depósito de una fianza en la cantidad de 61.508 euros por las presuntas pérdidas que habría registrado el Ayuntamiento en el pago de facturas de estas cuatro obras, un auto que también apuntaba al exteniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, que finalmente queda fuera del procedimiento.

Fue el PSOE el que en diciembre de 2022 solicitó a la Fiscalía que iniciara un procedimiento de responsabilidad contable en relación al demoledor informe de la Intervención Municipal que reveló irregularidades en cuatro contratos de Infraestructuras del año 2020. El documento señalaba que "hay dinero que ha acabado en manos de particulares sin haber realizado ningún trabajo a cambio y que los precios de las adjudicaciones estaban por encima de los precios de mercado". También se consideró "muy grave" que "se firmaran certificados de obras y servicios que no se habían prestado".

¿Qué pudo hacerse mal en Infraestructuras?

Las presuntas irregularidades se centran en el suministro e instalación de una enfriadora para el Centro Cívico Centro; la instalación de un equipamiento similar en el centro de servicios sociales de Las Moreras y la iluminación de la avenida de Libia, que se habría troceado en dos partes para, supuestamente, saltarse el control municipal.

Por estos mismos hechos se sigue un procedimiento por la vía de lo penal contra el técnico municipal, la excoordinadora del área de Infraestructuras y tres empresarios. Se les imputa la presunta comisión de presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial.

En un auto notificado el pasado febrero, el juez instructor relata una serie de presuntas corruptelas en cuyo centro sitúa al técnico municipal encargado de invitar a las empresas a los concursos públicos. En lenguaje coloquial, el funcionario habría convertido el área de Infraestructuras presuntamente en su pequeño cortijo para adjudicar determinados trabajos a empresarios que nunca habían trabajado en el Ayuntamiento de Córdoba y que, además, eran antiguos compañeros de universidad.

El magistrado explica que el funcionario habría obrado de forma "casi descarada", al concluir que el fraccionamiento de contratos se habría convertido "no solo en una herramienta para permitir la tramitación de varios expedientes sorteando el trámite administrativo adecuado, sino como vía para favorecer a determinadas personas con las que se mantienen vínculos de amistad".