El caso Infraestructuras: el 'pequeño cortijo' de un funcionario del Ayuntamiento de Córdoba y varios empresarios amigos

Córdoba/El caso Infraestructuras continúa su recorrido en los juzgados. El sobreseimiento de la causa que afectaba al exconcejal David Dorado supone pasar página respecto a su implicación, que el juez descarta en un auto en el que, por contra, mantiene sólidas acusaciones contra un técnico municipal, la coordinadora del área y tres empresarios. Tras investigar una veintenta de contratos, el magistrado centra sus sospechas en cuatro que, a su juicio, habrían sido troceados para evitar controles en la adjudicación.

El auto relata una serie de presuntas corruptelas en cuyo centro sitúa al técnico municipal encargado de invitar a las empresas a los concursos públicos. En lenguaje coloquial, el funcionario habría convertido el área de Infraestructuras presuntamente en su pequeño cortijo para adjudicar determinados trabajos a empresarios que nunca habían trabajado en el Ayuntamiento de Córdoba y que, además, eran antiguos compañeros de universidad.

¿Hubo prevaricación en el área de Infraestructuras?

En lo que respecta a la prevaricación, inicialmente había bajo sospecha una veintena de contratos, de los que en cuatro se han detectado presuntas ilegalidades. El primero se refiere al suministro e instalación de una enfriadora para el Centro Cívico Centro, por importe de 39.960 euros. Fueron invitadas cuatro empresas, y la diferencia máxima de ofertas alcanzó los 658 euros. Además, según el auto, se debería haber tramitado como contrato mayor.

El segundo trabajo, de similar naturaleza, se refiere a la enfriadora del centro de servicios sociales de Las Moreras, por un importe de 39.303 euros. El juez constata que fueron invitadas las mismas empresas que en el anterior; además, la diferencia entre la oferta más alta y la más baja es de solo 5,67 euros, a lo que se añade que las ofertas presentadas, manuscritas, tenían "un tipo de letra similar". Otra anomalía es que "debería haber sido un contrato mayor".

La iluminación de la avenida de Libia desde la Travesía Padre Mohedano hasta Doctor Gómez Aguado también está en entredicho. Salió a licitación por 39.814 euros y fueron invitadas tres empresas, que pujaron con solo 165 euros de diferencia.

Al juez también le resultan sospechosos los trabajos de iluminación de la avenida de Libia desde Escritor Tomás Sánchez hasta Periodista Pedro Álvarez, por importe de 39.971 euros. Fueron invitadas tres compañías, que presentaron proyectos que solo se variaban en 245 euros.

"Vínculos de amistad" con los empresarios

El magistrado explica que el funcionario habría obrado de forma "casi descarada", al concluir que el fraccionamiento de contratos se habría convertido "no solo en una herramienta para permitir la tramitación de varios expedientes sorteando el trámite administrativo adecuado, sino como vía para favorecer a determinadas personas con las que se mantienen vínculos de amistad".

Durante la investigación, de hecho, el juez ha llegado a constatar que los responsables de la empresas eran personas "con una relación directa entre sí". Y no solo eso, sino que el funcionario "mantenía una no negada relación de amistad con sus administradores". Uno de ellos era compañero de universidad, y con varios de ellos habría compartido viajes en familia.

"Se trata de circunstancias que habrían generado una auténtica incompatibilidad del funcionario por la amistad manifiesta con estas personas", razona el juez, que incide en que la situación de "verdadera arbitrariedad" en la elección de estos empresarios como invitados a licitar en contrataciones concretas. El togado, de hecho, destaca que "no es que no cumpliera con su deber de exponer su relación de amistad en el expediente, sino que es él quien por iniciativa propia escoge a los contratistas, aun a sabiendas de que le une, cuando menos, una relación de franca amistad".

Presunto "reparto de contratas"

Para el juez, de hecho, existen indicios que permitirían hablar de un "reparto de contratas", teniendo en cuenta detalles como "la evidente cercanía de precios, la utilización de formatos o anotaciones manuscritas con clara relación de identidad o semejanza, maniobras de reparto de cometidos incluso adjudicada la obra o casi un establecimiento de turnos de puja por la opción más económica".

En cuanto al presunto delito de falsedad en documento oficial, el togado lo tiene aún más claro. Y es que el funcionario habría certificado la finalización de las obras de iluminación de la avenida de Libia sin que los trabajos hubieran terminado. Y lo hizo, además, en un día en que se encontraba de permiso. De esta manera, para el juez "la imputación por el delito de falsedad cuenta con sólidos argumentos", pues además "todos los investigados reconocen la realidad de que la obra no estaba finalizada", como también lo muestra "con total claridad" un acta notarial.

La coordinadora no hizo "absolutamente nada"

El papel que la coordinadora del área de Infraestructura pudo tener en la presunta trama queda más en el aire. El juez razona que la funcionaria "tiene una participación hasta cierto punto desvinculada de los trámites iniciales y posteriores a la firma del decreto de adjudicación", aunque incide en que no hizo "absolutamente nada" pese a las "significativas objeciones" que la intevención puso.

Así, el magistrado argumenta que estos reparos "debieron dar lugar a que la investigada realizara las indagaciones adecuadas a los efectos de comprobar si efectivamente se trataba de una misma obra y que con ello estaba intentando burlar de forma tan burda la legislación sobre contratación pública", por lo que mantiene la imputación.