El juez 'desimputa' al exconcejal de Córdoba David Dorado del caso Infraestructuras

Córdoba/El caso Dorado ya no existe. El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se seguían contra el exdelegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de la ciudad, David Dorado, por presuntas irregularidades en la gestión de varias obras.

El auto de procedimiento abrevidado, notificado en las últimas horas, desimputa al exedil, que durante tres años ha constado como investigado en la causa, y sigue adelante contra un técnico municipal, la excoordinadora del área de Infraestructuras y tres empresarios. Se les imputa la presunta comisión de presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial.

La investigación se ha centrado en cuatro contratos, entre ellos la iluminación de la avenida de Libia, sobre la que el juez destaca "cómo la participación en los hechos del concejal queda difuminada". Al respecto, apunta que "su única intervención es la de firmar la autorización de pago previa presentación de facturas debidamente informadas", de modo que "no encontramos más indicios de su participación en los hechos que esa decisión manifestada de que se llevara a efecto la ejecución de dicha obra".

El magistrado relata que "sostener que pudiera haber existido un desinterés en el mismo sobre la forma en que se materializara en términos jurídicos tal decisión política, o una intención de que se llevara a efecto, incluso contra el mandato legal de prohibición de fraccionamiento, sería una hipótesis razonable". Sin embargo, el juez remarca que "no cuenta de sustento indiciario alguno en el que fundamentar una imputación formal capaz de superar las exigencias de razonabilidad del juicio de imputación exigidas". "Procede, por tanto el sobreseimiento provisional parcial de las actuaciones", zanja el juez.

Continuación del procedimiento

El togado, no obstante, acuerda en su auto que se sigan las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado contra el técnico municipal que recibió el encargo de tramitar expedientes de contratación menor en el contexto del Plan de Choque Córdoba 2020, en plena pandemia del Covid-19, y la excoordinadora del área de Infraestructuras, investigados desde el principio, junto a tres empresarios.

Sobre el técnico, apunta que "las declaraciones testificales no han hecho sino corroborar la esencia de las sospechas sobre aparente manipulación de la naturaleza jurídica de contratos y reglas de concurrencia competitiva derivadas de una aparente finalidad de favorecer a quienes de forma recurrente son escogidos para formar ternas de entidades invitadas, a los efectos de que fueran contratados". Y añade que, previsiblemente, acutó "coadyuvado, en el mejor de los casos, con una actitud pasiva o de falta de control efectivo por parte de la coordinadora del área de Infraestructuras".

Eso sí, decarta "la sombra de una posible remuneración o compensación por las adjudicaciones", algo que ha pesado en todo momento a lo largo de la investigación de la causa, pues, según el magistrado, "no se han podido encontrar indicios de ello". En este sentido, explica que "las referencias a aparentes pagos de viajes u otras forma de pago en especie que dieran lugar a la formación de una nueva causa cuentan con una separación temporal más que suficiente como para no poder establecer en términos racionales una relación entre las actuaciones que se imputan al técnico y los posibles pagos realizados en su nombre o que pudieran atribuirse supuestamente a favor de la coordinadora".

Cuatro contratos sospechosos

El juez ha investigado una veintena de contratos, de los que, finalmente, cuatro resultan sospechosos. El primero se refiere al suministro e instalación de una enfriadora para el Centro Cívico Centro, por importe de 39.960 euros. Fueron invitadas cuatro empresas, y la diferencia máxima de ofertas alcanzó los 658 euros. Además, según el auto, el contrato debería haber sido de contrato mayor.

El segundo trabajo, de similar naturaleza, se refiere a la enfriadora del centro de servicios sociales de Las Moreras, por un importe de 39.303 euros. El juez constata que fueron invitadas las mismas empresas que en el anterior; además, la diferencia entre la oferta más alta y la más baja es de solo 5,67 euros, a lo que se añade que las ofertas presentadas, manuscritas, tenían "un tipo de letra similar". Otra anomalía es que "el contrato debería haber sido de contrato mayor".

La iluminación de la avenida de Libia desde la Travesía Padre Mohedano hasta Doctor Gómez Aguado también está en entredicho. Salió a licitación por 39.814 euros y fueron invitadas tres empresas, que pujaron con solo 165 euros de diferencia.

Al juez también le resultan sospechosos los trabajos de iluminación de la avenida de Libia desde Escritor Tomás Sánchez hasta Periodista Pedro Álvarez, por importe de 39.971 euros. Fueron invitadas tres compañías, que presentaron proyectos que solo se variaban en 245 euros.

El caso se inició en noviembre de 2021 tras admitirse a trámite la Fiscalía la denuncia de los grupos de IU y Podemos por presuntas irregularidades en la gestión del área de Infraestructuras. En un primer momento, se apuntó a la presunta responsabilidad de un técnico municipal y de la entonces coordinadora general de Infraestructuras, pero en diciembre de 2022 el juez incorporó como investigados al exdelegado del área, David Dorado, y a diez empresarios por presunta cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa.