El Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba ha archivado la denuncia que hiciera David Dorado, entonces responsable de Infraestructuras en el Ayuntamiento de la capital cordobesa, sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de alumbrado y remodelación de nuevas calles y cuadros de mando a una misma empresa. 

Así, el juez ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa presentada por Dorado porque "sin despreciar la existencia de irregularidades que, no sabemos si son debidas a la dinámica propia de la contratación administrativa, al escaso rigor en los procedimientos seguidos (por las prisas, por desconocimientos) no creemos que éstas sean suficientes para concluir que haya existido trato de favor, que se haya limitado la libre concurrencia en la contratación, que se hayan abonado facturas indebidas o consumado contrataciones directas ilícitas" hacia la empresa señalada por David Dorado en su denuncia.

Ya en septiembre, y una vez más en noviembre de 2023, el juez había rechazado las diligencias propuestas por el exedil David Dorado en el segundo caso Infraestructuras, que él denunció. El magistrado defendía ya que "no ha aparecido ni un solo indicio que informe de que ha tenido lugar una limitación de la libre concurrencia o el favorecimiento de determinadas empresas".

Los hechos de la causa del caso Infraestructuras que fue denunciada por Dorado se remontan al año 2013, causa que tiene que ver con contratos realizados por el área municipal de Infraestructuras relativos al alumbrado público. Esos contratos denunciados por quien fuera edil de Infraestructuras hasta que el alcalde lo cesó tras estallar la primera de las causas de dicho caso -que motivó incluso su detención y por el que está imputado- sumaban más de 400.000 euros y buena parte de ellos habían sido adjudicados a la misma empresa y redactados por el mismo responsable técnico de la Delegación de Infraestructuras, aludiendo a una posible trama de corrupción.

David Dorado aseguraba que su denuncia surgió de las propias quejas de las empresas que se habían presentado a los contratos, que según Dorado aducían “un presunto complot en los términos de redacción de los proyectos que, han hecho inviable desde el punto de vista económico, acceder de manera real y desde un punto de vista objetivo a ofertas competitivas que les permitieran ser adjudicatarias estas obras”. El juez, sin embargo, asegura que "nunca se haya registrado queja alguna de ninguna empresa licitadora que ilustre sobre una posible restricción de la libre concurrencia en las licitaciones".

Ahora también considera que "desde las primeras declaraciones tomadas en la precedente instrucción procesal ha cobrando fuerza la idea de que la denuncia formulada por David Dorado, "más que responder a quejas reales de empresas molestas por haberse sentido apartadas de los procesos de licitación de las obras -nuevas o de remodelación-, parecía estar inspirada en móviles espurios al detectarse estar basada en un informe pericial de escaso rigor confeccionado ad hoc para que sirviera de soporte a una serie de imputaciones que, por lo que seguidamente diremos, no es que sean temerariamente falsas (aunque lo parecen) pero sí que no se presentan con la justificación necesaria para ser judicializadas; menos aún en el ámbito de la justicia penal".