Incomparecencia de testigos, falta de pruebas, retraso en los informes... Tres de cada diez juicios señalados en la provincia de Córdoba durante 2022 terminaron cancelados, según consta en la memoria relativa a 2022 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), hecha pública este miércoles.

Para el alto tribunal andaluz, de hecho, "las suspensiones constituyen sin duda una grave disfunción" del sistema, ya que "a la problemática existente con relación al nivel de pendencia, la suspensión del juicio o vista señalada conlleva que el hueco que estaba previsto para ese día no pueda cubrirse con la inclusión de otro juicio o señalamiento, con el consiguiente perjuicio para la buena eficiencia del servicio público".

En el caso concreto de Córdoba, el pasado año se señalaron 54.471 vistas orales en todos los órganos jurisdiccionales, de los que se celebraron 37.853 y se suspendieron un total de 16.564, de acuerdo a los datos oficiales del TSJA. Proporcionalmente, esto significa que una de cada tres vistas no llegaron a término, por lo que tuvieron que reagendarse.

Los juzgados más problemáticos fueron los de lo Social, donde se cancelaron el 51% del total, mientras que los penales especializados en Violencia contra la Mujer fueron los más eficientes: tan solo el 12% de las causas no pudieron quedar vistas para sentencia. 

El TSJA ya admite que la estadística de 2023 será anómala, pues "habrá que evaluar el impacto de la huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que ha tenido una "importante repercusión y suspensión de juicios y otro tipo de actuaciones procesales". Estos paros harán necesarios "adoptar medidas de cara a la regularización de la situación generada por dicha huelga".

Una Justicia "lenta" y "poco eficiente"

En este contexto, el alto tribunal admite que el hecho de que "la Justicia sea percibida como lenta y poco eficiente solo responde a la realidad". "Si la Administración no ha colapsado se debe, en gran parte, alalto concepto de la responsabilidad que siguen exteriorizando quienes trabajan día a día en los juzgados, pese a la deficiente planta judicial, a las plantillas de funcionarios infradotadas o mal dimensionadas, a los problemas informáticos y, en fin, unos niveles de litigiosidad, nunca sometidos a métodos y criterios de razonabilidad y sostenibilidad, que se han disparado en algunas jurisdicciones por motivos de sobra conocidos".

Así, apelan una vez más "a la responsabilidad de los encargados de la gestión política, que ostentan la competencia y tienen la capacidad para revertir esta situación". "Desde hace ya más de una década venimos remarcando las graves deficiencias, detalladas en todas las memorias anuales, insistiendo en que las reformas han sido notoriamente insuficientes, algunas mal diseñadas o planificadas, por no decir peor ejecutadas", incide el TSJA.