Los cuatro integrantes de la Manada que a partir de este lunes se sientan en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba se enfrentan a su propio espejo. La historia es de sobra conocida: en la madrugada del 2 de mayo de 2016, como un ensayo de lo que en julio acontecería en los Sanfermines, cuatro de los cinco individuos ahora condenados abusaron supuestamente de una chica a la que se ofrecieron a llevar en coche a Pozoblanco desde la feria de Torrecampo, en la comarca de Los Pedroches.Los cuatro integrantes de la Manada que a partir de mañana lunes se sientan en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba se enfrentan a su propio espejo.

La historia es de sobra conocida: en la madrugada del 2 de mayo de 2016, como un ensayo de lo que en julio acontecería en los Sanfermines, cuatro de los cinco individuos ahora condenados abusaron supuestamente de una chica a la que se ofrecieron a llevar en coche a Pozoblanco desde la feria de Torrecampo, en la comarca de Los Pedroches.Los acusados son los mismos, con el mismo letrado defensor –el mediático Agustín Martínez– y los hechos imputados un esbozo de lo que ocurrió en Pamplona dos meses después.

La Manada se mira en su propio espejo, aunque el contexto es bien diferente. La contestación social es rotunda, el movimiento feminista ha renacido desde entonces y la conveniencia de modificar el Código Penal para abordar este problema forma parte de la agenda política. La Fiscalía Provincial de Córdoba, en concreto, pide siete años de prisión para los cuatro acusados como supuestos autores de sendos delitos de abusos sexuales y contra la intimidad. Supuestamente, sometieron a tocamientos a una joven que se encontraba “en un estado de profunda inconsciencia”, lo grabaron en un teléfono móvil y lo compartieron en varios grupos de Whatsapp.

En el caso se encuentran implicados Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar; Antonio Manuel Guerrero, guardia civil destinado en Córdoba; José Ángel Prenda y Jesús Escudero, el peluquero. Todos ellos –más Ángel Boza– han sido condenados ya por el Tribunal Supremo a 15 años de prisión por la violación de julio de 2016. Según el relato provisional del Ministerio Público, los procesados se encontraban en una discocaseta cuando coincidieron con la joven, que igualmente se había desplazado en compañía de otros amigos.

En el transcurso de la noche, acusados y perjudicada, que “consumió diversas bebidas alcohólicas”, entablaron conversación. Una vez que se produce el cierre de la caseta, sobre las 07:15, se encontraron todos en la puerta y cuando la joven se disponía a volver a su domicilio, en Pozoblanco, el militar se ofreció a llevarla en el vehículo en que habían llegado los implicados.

En estado de “profunda inconsciencia”

Antonio Manuel Guerrero se situó en el asiento del conductor, el Prenda en el de copiloto y los otros dos, en los asientos traseros, con la chica entre ellos. El Ministerio Público relata que, “debido probablemente a la cantidad de alcohol ingerida, y sin que haya podido determinarse si, además de ello, tomó de forma deliberada o sin saberlo alguna otra sustancia estupefaciente”, la chica “cayó en un estado de profunda inconsciencia, hasta el punto de no recordar lo sucedido en el trayecto del vehículo”. Así, en el interior del turismo, aprovechando que ella “se hallaba privada de sentido”, todos los acusados, “con ánimo libidinoso”, comenzaron supuestamente “a realizarle diversos tocamientos de carácter sexual”.

El fiscal asegura que todos “le tocan el pecho, tanto por fuera como por dentro de la ropa, incluido el conductor”; el militar, incluso, “llega a darle varios besos en la boca”. Al mismo tiempo que realizaban tales accesiones “de índole evidentemente sexual”, el Prenda, “con el concierto de todos ellos”, procedió supuestamente a grabar todo lo sucedido con el teléfono móvil propiedad del guardia civil. Se generaron dos archivos de vídeo sin que la joven, que “se encontraba privada de sentido”, tuviera conocimiento o diera su consentimiento, insiste la Fiscalía.

“Con evidente ánimo de vejar” a la denunciante

La acusación pública expone que “en desarrollo de la idea preconcebida de compartir el vídeo realizado” y para “hacer alarde” de lo que acababan de grabar, “con evidente ánimo de vejar y vulnerar la intimidad de la perjudicada”, ese mismo día sobre las 07:45 enviaron los archivos al chat La Manada, integrado por los cuatro acusados y por otras tres personas más. A continuación, a las 07:52, desde el teléfono móvil del Prenda enviaron el mismo archivo de vídeo al chat El Peligro, integrado por una veintena de personas.

Una vez en Pozoblanco, el Prenda, el guardia civil y el peluquero bajaron del vehículo, mientras que el militar continuó la marcha con la chica. Al llegar a su destino, y dado que la perjudicada ya se había despertado, “le dijo que le hiciese una felación, a lo que se negó”. Así, “con intención de menoscabar su integridad física”, supuestamente le golpeó en la cara, le dio un puñetazo en el brazo y la empujó para que saliera del coche, al tiempo que le gritaba “puta”. La Fiscalía, no obstante, asume que “no ha quedado constatada lesión alguna” como consecuencia de estos hechos.

La defensa solicita la absolución

Mientras, el abogado defensor de los cuatro miembros de la Manada, Agustín Martínez, acusa a la Fiscalía de “fabular” y propone la absolución de sus clientes. Para Martínez, resultan “sorprendentes” algunos de los detalles y argumentos que expone el Ministerio Público en su escrito provisional de acusación y censura que  “se deje llevar” por la opinión pública en este caso, de manera que “solicita una condena mayor que la propia acusación particular y que la acusación popular”, que reducen la pena a seis años de prisión para cada uno de los sospechosos.

“Es bastante sorprendente que la fiscal sea la única persona que en el vídeo ve que a la chica se le somete a tocamientos por debajo de la ropa”, un hecho que no recogen las demás partes en sus informes.