Tribunales

La defensa de la Manada alega que la Fiscalía “fabula” y pide la absolución en Pozoblanco

  • El letrado Agustín Martínez impugnará la grabación al entender que se obtuvo "de manera ilícita"

  • Considera que el Ministerio Público "se deja llevar" por la opinión pública para solicitar las penas

Protesta contra la Manada en Córdoba capital.

Protesta contra la Manada en Córdoba capital. / Jordi Vidal

El abogado defensor de los cuatro miembros de la Manada procesados por abusos sexuales a una joven en Pozoblanco y de un presunto delito contra la intimidad por grabarlo y difundirlo con un móvil ha acusado a la Fiscalía Provincial de Córdoba de “fabular” en el escrito en el que solicita penas que suman 28 años de prisión; ha adelanto, además, que propondrá la absolución de sus clientes. Así, el letrado Agustín Martínez ha calificado de “sorprendentes” algunos de los detalles y argumentos que expone el Ministerio Público en su escrito provisional de acusación.

En declaraciones a el Día, el abogado defensor ha censurado que la Fiscalía “se deje llevar” por la opinión pública en este caso, de manera que “solicita una condena mayor que la propia acusación particular y que la acusación popular”, que reducen la pena a seis años de prisión para cada uno de los sospechosos. “Es bastante sorprendente –ha dicho–, que la fiscal asea la única persona que en el vídeo ve que a la chica se le somete a tocamientos por debajo de la ropa”, un hecho que –insiste– no recogen las demás partes en sus informes.

Ha avanzado, en este sentido, que junto a la libre absolución presentará una impugnación para que la grabación no pueda ser tomada como prueba, ya que se obtuvo “de manera ilícita”. Según Martínez, la Policía Foral de Navarra habría actuado “de forma prospectiva”, en el sentido en que “buscó la denuncia” contra los cuatro integrantes de la Manada meses después de que se produjeran los hechos que se instruyen en Pozoblanco.

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión por el delito contra la intimidad y tres por los presuntos abusos, una acusación que “no se sostiene” si se anula la grabación. También ha puesto en duda la imputación del delito contra la intimidad debido a que “a ella no se le ve la cara en ningún momento, por lo que no se sabe quién es”.

Los hechos se remontan a la madrugada del 1 al 2 de mayo de 2016, cuando los individuos se ofrecieron a llevar a la denunciante desde la feria de Torrecampo a Pozoblanco. En el caso se encuentran implicados Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar; Antonio Manuel Guerrero, guardia civil destinado en Córdoba; José Ángel Prenda y Jesús Escudero, el peluquero. Todos ellos –más Ángel Boza– han sido condenados ya a nueve años de prisión por la agresión sexual en los Sanfermines en Pamplona en julio de 2016.

El relato del Ministerio Fiscal

Según relata el Ministerio Público, los procesados se encontraban en una discocaseta cuando coincidieron con la joven, que igualmente se había desplazado en compañía de otros amigos. En el transcurso de la noche, acusados y perjudicada, que “consumió diversas bebidas alcohólicas”, entablaron conversación. Una vez que se produce el cierre de la caseta, sobre las 07:15, se encontraron todos en la puerta y cuando la joven se disponía a volver a su domicilio, en Pozoblanco, el militar se ofreció a llevarla en el vehículo en que habían llegado los implicados.

Dentro del vehículo, la chica “cayó en un estado de profunda inconsciencia, hasta el punto de no recordar lo sucedido en el trayecto del vehículo”. Así, aprovechando que ella “se hallaba privada de sentido”, todos los acusados, “con ánimo libidinoso”, comenzaron supuestamente “a realizarle diversos tocamientos de carácter sexual”. El fiscal asegura que todos “le tocan el pecho, tanto por fuera como por dentro de la ropa, incluido el conductor”; el militar, incluso, “llega a darle varios besos en la boca”.

Al mismo tiempo que realizaban tales accesiones “de índole evidentemente sexual”, el Prenda, “con el concierto de todos ellos”, procedió supuestamente a grabar todo lo sucedido con el teléfono móvil propiedad del guardia civil. Se generaron dos archivos de vídeo que fueron compartidos en dos grupos de Whatsapp sin que ella lo autorizara.

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