Dos instituciones y un banco disputan el derecho de embargo sobre Colecor

Mucho se habla de la legalización de las naves de Colecor pero poco se dice de quién será el beneficiario de esa operación, si al final se lleva a cabo. Las instalaciones creadas por Arenal 2000 en 2005 pasan en estos momentos por un proceso para dilucidar quién es la entidad que tiene prioridad en los derechos de embargo, toda vez que existen hasta tres anotaciones preventivas en el Registro de la Propiedad, producto de iniciativas de diverso signo. Un banco y dos instituciones públicas se reparten en la actualidad la posibilidad futura de acabar siendo copropietarias de las instalaciones en el caso de que prosperen las iniciativas administrativas o judiciales que están en marcha.

El Banco Popular se encuentra en primer línea de cobranza, según las fuentes consultadas por este periódico. El cinco de febrero de 2010, el juzgado de primera instancia número seis de Córdoba libró un mandamiento informando de que se está tramitando un proceso de ejecución de una hipoteca a nombre de de esta entidad financiera con el complejo de Colecor como garantía de pago. Este banco y sus filiales dispone de otras líneas de crédito abiertas con la empresa propietaria, Mezquita Sur Inversiones (una filial de Arenal 2000), que se han ido ampliando con el paso de los años siempre con esta propiedad como bien hipotecado.

En segundo lugar, se encuentra el Ayuntamiento de Córdoba. El Consistorio dispone de dos anotaciones. La primera responde a un valor de 2,9 millones de euros como consecuencia de la firma de una hipoteca inmobiliaria con el Consistorio como beneficiario para garantizar el pago de la sanción de Colecor y de otras deudas tributarias y urbanísticas pendientes, con un total de 40 millones de euros, a la que habría que restarle los 24 millones de euros de la primera multa, anulada por un juzgado en marzo de 2009. Además, los servicios municipales de recaudación fiscal han realizado una tercera anotación preventiva de embargo para garantizarse en bienes el abono de una multa de 171.783 euros, que suman el principal, el recargo, los intereses, gastos y costas. Esa iniciativa la tomó el Consistorio el 24 de noviembre de 2009 cuando la multa entró en fase de apremio.

El Consistorio ha tomado una medida añadida, según los datos oficiales que constan en los registros públicos. El pasado 4 de enero de 2010 decidió realizar una anotación preventiva de incoación de expediente de disciplina urbanística, ya con la segunda multa de Colecor en marcha. Esas anotaciones están previstas en la legislación -en el reglamento de desarrollo a la Ley Hipotecaria- para que las instituciones se queden con la propiedad (o impidan la venta) de aquellos edificios realizados contraviniendo la legalidad urbanística si no se paga la multa y, además, para advertir a futuros compradores de que el edificio se encuentra con posibilidades de ser demolido en todo o en parte. La última de las anotaciones preventivas de embargo que pesan sobre las naves de Colecor es obra de un juzgado de Córdoba que tramita una cuestión fiscal de la Agencia Tributaria, por una importante cantidad.

Las naves de Colecor se componen de las instalaciones primigencias de la factoría láctea, hoy ocupadas por oficinas tras un proceso también polémico de obras. Existe además un complejo de más de 40.000 metros cuadrados levantados sin licencia y en medio de una enorme polvareda política como almacén y centro de venta de productos de la marca Retier, exportados desde China. Siguen siendo propiedad de Arenal 2000 aunque las entregó en el pasado como dación en pago de una deuda anterior con una sociedad mercatil, operación que fue objeto de una retrocesión en noviembre del año 2008.