El problema de la Justicia suma un capítulo más este jueves, un día después de que los abogados y procuradores se concentraran exigiendo medidas al Gobierno para desbloquear la parálisis acumulada en los procedimientos. La reacción ha venido esta vez de parte del comité de huelga de los funcionarios de justicia -en paro indefinido desde el 22 de mayo-, que se ha manifestado en Córdoba solicitando formalmente la apertura de un procedimiento de mediación, que permita solucionar el conflicto abierto con el Ministerio de Justicia para reconocer funciones y retribuciones de los funcionarios de Justicia.

El bloqueo judicial afecta a toda España y Córdoba es sólo un satélite más de lo que ocurre. Un frente territorial entre el Ministerio de Pilar Llop y los funcionarios de justicia a los que pone voz Antonio González, el responsable sectorial del CSIF -sindicato mayoritario- en su entrevista con el Día. "Tenemos un gobierno progresista, que es sordo, ciego y ni siquiera tiene el mínimo interés en acercarse y negociar. Llegado este momento, que llevamos más de dos meses de huelga, esto es un caos que le está haciendo un daño increíble a la justicia".

La manifestación de este jueves, que ha pivotado entre la delegación del Gobierno de la Junta y la subdelegación del Gobierno de España, es una nueva acción del comité de huelga en busca de que los TSJ (Tribunales Superiores de Justicia) intercedan para que el Ministerio reanude la negociación, recoge el comunicado transmitido por del CSIF. Sin embargo, González aclara que "el TSJA (órgano andaluz) puede exigir la mediación, que se arregle el conflicto, pero es un tercero en discordia que no tiene capacidad de negociación".

¿Qué está fallando en las negociaciones con el Ministerio? "Está fallando todo, hemos llamado a todas las puertas y no hay ganas ni interés de negociar", resume a este periódico el responsable sindical sobre la postura del Gobierno.

"Si a los meses de huelga de los Letrados de Administración de Justicia (LAJ), más los dos meses de huelga de los funcionarios, le sumamos los dos meses de verano, que son prácticamente inhábiles, y nos metemos en septiembre sin el conflicto resuelto, habremos paralizado la justicia un año", explica Antonio González. "Eso tiene un daño incalculable", imposible de decir cuántos meses se necesitarían para sacar adelante un colapso que todavía no ha superado los dos meses de confinamiento del año 2020 en los que "los órganos judiciales funcionaron al ralentí" concluye González.

Mientras tanto, los dos meses de huelga de funcionarios de justicia, desde el 17 de abril, acumulan a sus espaldas 3.000 demandas paralizadas en la provincia de Córdoba, señala López. Más de millón y medio de juicios y 15 millones de actuaciones judiciales paralizadas a nivel nacional, apunta el comité de huelga. "Nosotros no le estamos mermando a nadie la tutela judicial efectiva, se le está retrasando, que es distinto", defiende González.

A cifras como ésas se agarran los funcionarios judiciales puestos en huelga para reivindicar su peso en el engranaje judicial. "Somos importantes dentro de la administración de justicia, piensa que el 93% de la maquinaria son funcionarios, y sin embargo han negociado con los LAJ, y con jueces y fiscales por un amago de enfado, sin ni siquiera llegar a la huelga", indica Antonio González.

Respecto al seguimiento que está teniendo la huelga de funcionarios, la Junta de Andalucía apuntó a principios de mayo que era del 45%, mientras que los sindicatos elevaban esas cifras hasta el 60-70%. En cuanto al mantenimiento de ese porcentaje a estas alturas, González reconoce que "se ha visto reducido, aunque las actuaciones judiciales se están viendo paradas".

"La realidad es que si los abogados y procuradores han salido a la calles es porque sus procedimientos se están viendo mermados. Lo importante no es cuántos haya en huelga, sino las resoluciones que se están viendo afectadas: con 30 funcionarios estratégicos paralizas la justicia en Córdoba", asegura González.

En este sentido, el responsable sindical hace hincapié en su comprensión hacia ellos: "Yo entiendo lo que piden, si no se mueven los expedientes no cobran los abogados ni los procuradores, mientras se sigue pagando el IVA, la cuota de autónomo, tendrán que cerrar despachos. Son conflictos largos en los que se hace mucho daño y yo lo siento, pero no hay otra, desgraciadamente".

Con la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio, el responsable del CSIF ve "difícil" pronosticar que a estas alturas exista un interés en resolver el conflicto, y acusa directamente de ello al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Justicia, Pilar Llop. "No le importa a nadie el daño provocado". Aún así, hay prevista una última manifestación convocada para diez días antes de las elecciones, el 13 de julio.