Abogados y procuradores de Córdoba se han manifestado este miércoles frente al Palacio de la Justicia en defensa del derecho a ejercer y del derecho de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva. "Reclamamos a los poderes públicos un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de justicia y medidas inmediatas para resolver los inadmisibles retrasos acumulados", exige el manifiesto. 

La concentración de aproximadamente un centenar de colegiados ha secundado la convocatoria promovida por el Consejo General de la Abogacía Española el viernes 16 de junio y que se ha extendido por varias capitales del país este 28 de junio. 

"La situación es absolutamente insostenible. Abogados y procuradores están viviendo sus peores momentos de la democracia, los despachos se están cerrando, algunos de ellos en la absoluta ruina, porque nuestras obligaciones se están dejando a un lado", ha señalado el decano del Colegio de Abogados de Córdoba (ICAB), Carlos Arias.

Al "déficit histórico y estructural" que ya arrastraba el servicio publico desde hace décadas se han sumado sucesivas convocatorias de huelga de distintos colectivos de justicia, apunta el manifiesto. En el caso de Córdoba, la huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que se prolongó desde el 24 de enero hasta mediados de marzo, el impacto hizo que se suspendieran 4.000 juicios en la provincia. Por otro lado está el paro de los funcionarios -indefinido desde el 22 de mayo- cuyas movilizaciones acumulan más de 2.300 demandas sin tramitar.

Esta paralización afecta a los 2.600 colegiados en la provincia de Córdoba, ha asegurado Arias. Ahora bien, cuantificar los daños económicos exactos es muy complicado hasta el momento, según ha explicado a el Día el tesorero del ICAB, Francisco Higuera, aunque otras fuentes del colegio estiman en torno al 40% de la facturación. Respecto al volumen de abogados que hayan tramitado su baja de la actividad, Higuera ha confirmado que se podrá hacer un balance en septiembre.

"A día de hoy se siguen suspendiendo cientos de vistas en la provincia de Córdoba, en muchos casos sin previo aviso, dejando miles de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada y nuevos señalamientos fijados para el 2026", ha retratado Arias sobre la situación de la justicia actual de la justicia, asegurando que "es un servicio público en el cual estamos todos metidos sin distinción de LAJ, de jueces, abogados ni procuradores: estamos todos en el mismo barco y esto se está hundiendo".

Por ello, Arias ha exigido a la administración que se desbloqueen las huelgas: "Que no haya motivo para convocarse ni una huelga más". En este sentido, desde el gremio piden la formalización de un Pacto de Estado después de las elecciones generales del 23 de julio, "que permita crear un servicio público y de calidad como llevamos décadas".

La situación en los despachos

La situación denunciada se prolonga muchos meses y, "mientras tanto, los abogados y despachos tienen que seguir haciendo frente a los gastos de suministros, colegiación, seguros, infraestructuras, y en el caso de los bufetes con mayor capacidad de trabajadores pues tienen el mismo problema para mantener los salarios", explica Higuera a este periódico. 

A la hora de valorar las pérdidas, el tesorero apunta a dos posibles casos: "Habrá gente que decida que tal y como está la justicia no va a empezar ninguna acción judicial, y eso es trabajo que no se percibe. En el mejor de los casos, los procedimientos que se alargan en el tiempo las retribuciones se cobrarán a largo plazo".