El pasado 12 de marzo se cumplieron 20 años de la interposición por la Fiscalía de Córdoba de la primera acción colectiva para la defensa de intereses de consumidores y usuarios, que afectó a más de 200.000 familias andaluzas. Se trata de un caso que "sigue vivo", pues todavía quedan unos tres millones de euros que la Compañía Gas Natural Andalucía tiene que devolver a un 20% de los afectados. Fue una acción única en España y que sentó un precedente en la lucha por el derecho de los consumidores, pero que, aún así, no ha conseguido que las leyes los protejan efectivamente. 

Así lo ha advertido el fiscal delegado de Personas Mayores, con Discapacidad y Consumo, Fernando Santos Urbaneja, que considera que "hemos ido a peor en la defensa de los consumidores" tras dos décadas de este caso. Lo ha dicho durante la presentación de unas jornadas que abordarán, precisamente, el desarrollo del caso Gas Natural y las consecuencias que tuvo pues "ha sido el banco de pruebas donde se ha puesto de relieve la gran dificultad que entraña la ejecución de este tipo de acciones debido, fundamentalmente, a la falta de previsión legal al respecto".  

Para Urbaneja, la importancia de este momento radica en que "no ha pasado nada", y lo dice porque considera que el anteproyecto de Ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, que emana conjuntamente de los Ministerios de Justicia y de Consumo, y que, aunque recoge buena parte de las propuestas realizadas al hilo de las enseñanzas aprendidas en el procedimiento seguido en Córdoba, "está abocado al fracaso absoluto" pues no incluye los daños punitivos, un tipo de sanción que es habitual en Estados Unidos y que, considera el fiscal, "es lo que intimida a las empresas" pues se trata de poner una sanción económica por actuar o hacer un daño "de mala fe".

El fiscal de Consumo considera que el proyecto "va en contra de los consumidores, no va a favor" y que "todo lo que funcionaba lo han ido quitando" en materia de defensa a los consumidores. El anteproyecto de esta ley está actualmente en tramitación parlamentaria, pero Urbaneja asegura que " está abocado al fracaso absoluto". 

La experiencia de Córdoba en el caso Gas Natural "bastaba", afirma el fiscal, para ser trasladado a ese texto, que "estamos a tiempo" de modificar. Y es que esa sentencia es la única que ha ocurrido de esta forma en España, es decir, gracias a la unión y colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, la Junta de Andalucía, el Ministerio Fiscal y la colaboración de una entidad privada, la asociación Ea! de Jaén, en defensa de esas miles de familias afectadas por cobros indebidos de la empresa. 

Por parte del fiscal se consideró que las cláusulas de los contratos en que se apoyaba el cobro resultaban nulas por abusivas. La cantidad que Gas Natural Andalucía tenía que devolver se cifró en 10.671.823 euros. Una vez firme la sentencia, se inició en el año 2007 un largo proceso de ejecución que en la actualidad aún se mantiene pues varios centenares de familias andaluzas reciben aún mensualmente una cantidad procedente de la ejecución de dicho proceso. 

En la presentación de las jornadas también ha estado presente el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, que ha expresado cómo "se puede ver el alcance y valor del trabajo de los fiscales en beneficio de la sociedad" gracias a este caso en particular. Para Nieto, además, jornadas como estas "reivindican otra forma y modelo de justicia", una justicia que "no pasa por su mejor momento". 

"En Córdoba tuvimos la suerte de ver cómo se conseguía una victoria contra todo pronóstico en defensa de los consumidores", ha recordado el consejero, una labor que "algunos consideraron una locura", pero que dio como resultado "conseguir una victoria para reivindicar los derechos de los ciudadanos por encima de los empresariales", en una situación "que suponía un abuso". 

Nieto ha aprovechado para defender la colaboración de las instituciones, que fue el germen del éxito de esta sentencia, aunque ha advertido de que la economía y el consumo de hoy es diferente al de hace 20 años. "Hoy se habla de multinacionales radicadas en otras partes del mundo a las que cuesta mucho llegar y casi es imposible acceder en defensa de los derechos de los ciudadanos", además de un tipo de consumo online que obtiene los datos de los ciudadanos con mucha facilidad, "retos nuevos que la Fiscalía y la justicia tiene que abordar". Por lo que ha pedido "seguir avanzando en legislaciones adecuadas que regulen esas relaciones entre empresas y consumidores". 

Las jornadas

Las jornadas sobre defensa de los consumidores para celebrar el 20 aniversario de la primera acción colectiva del Ministerio Fiscal en defensa de intereses colectivos de consumidores y usuarios se celebrará el próximo 15 de junio a partir de las 10:00 en la Ciudad de la Justicia de Córdoba. 

En las jornadas estarán presentes el fiscal general del Estado, la fiscal Superior de Andalucía, el alcalde de Córdoba, el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba. Habrá una mesa redonda sobre acciones colectivas, donde se examinará el caso Gas Natural Andalucía.

Se abordará, también, el anteproyecto de Ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, la contratación de productos financieros, la defensa de los consumidores ante la adquisición de una vivienda y en el transporte aéreo o la defensa de los mayores y personas con discapacidad.