Los siete trabajadores afectados por el denominado caso de las denominadas mordidas de la Fundación Guadalquivir ya han recibido los 12.000 euros que tuvieron que pagar a los gestores de las asociaciones, Ángeles Muñoz y Cristian Menacho (madre e hijo), que solicitaban estos cobros a modo de “donación”.

Así lo ha confirmado a el Día el letrado de la acusación, Agustín Repullo, del bufete jurídico Garrido, que ha llevado la representación de estos empleados. Según ha explicado Repullo, ha sido el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) –un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo– el que ha tenido que desembolsar finalmente un total de 12.000 euros a este grupo de trabajadores tras dos sentencias firmes.

En este caso, fue un juzgado de lo Social el que declaró en situación de insolvencia a la Fundación Guadalquivir y a la Asociación Jóvenes hacia el Futuro tras la necesaria averiguación patrimonial. Tras conseguir dos sentencias firmes –una por cada organización– los trabajadores han podido recuperar ese dinero, que procede, por lo tanto, de fondos públicos.

Según han detallado desde el citado gabinete, el primero de los pagos se hizo a tres de los empleados afectados a finales del año pasado, mientras que los otros cuatro lo han recuperado hace pocos días. Ya que en el primero de los casos sí estaba claro que se trataba de trabajadores de la Fundación Guadalquivir, y en el segundo había que acreditar que Jóvenes para el Futuro era una asociación filial a ésta.

El primero de los pagos se hizo a tres de los empleados afectados a finales del año pasado

En este último caso, el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba condenó a las dos citadas asociaciones a devolver esas cantidades retraídas a los trabajadores, que además estaban contratados a través de unas ayudas al empleo que otorga la Junta de Andalucía. A esos últimos cuatro afectados había que abonarles las cantidades de 1.050, 1.600, 900 y 1.464 euros.

En dicha sentencia, ya se confirmaba el “desvío de fondos” que las asociaciones recibían del programa Emplea del gobierno andaluz. El modus operandi, rezaba la sentencia, para poder desviar parte de lo que recibían de la Junta era exigirle al trabajador una parte de su nómina, en este caso el 25%, y los empleados accedían “ante el temor” de poder perder su puesto.

Esta sentencia, además, era muy similar a la primera, dictada en marzo de 2018, que también apuntaba que parte de ese dinero se entregó directamente “en mano” a Cristian Menacho, del que la jueza afirmó que era “el jefe” de la trama, según el relato de los propios trabajadores, que se referían a Muñoz como “la gran jefa o la jefa suprema”. Aunque se afirma que era él quien pedía ese donativo para poder obtener “recursos para el barrio”. De la misma forma, la sentencia insistía en que el pago por parte de los trabajadores “no fue una decisión libre, sino que la voluntad de los donantes estaba viciada por el ambiente coactivo en el que se accedió a hacerlas”.

Esta manera de actuar entrañaba, continuaba la sentencia, “un uso abusivo” de la personalidad jurídica de Menacho y Muñoz, que actuaron “de forma coordinada” para obtener fondos para la fundación “a través de donaciones impuestas” a los trabajadores. Con el agravante, decía además la magistrada, “de que eran contratos de trabajo subvencionados destinados a contratar a personas desempleadas en situación de especial vulnerabilidad”.

Se cierra así definitivamente uno de los capítulos de esta trama, el referente al ámbito social, pero todavía sigue abierta la causa penal. Según dijo Agustín Repullo también en su día a este periódico, las sentencias anteriormente citadas ratificaban el informe de la Inspección de Trabajo realizado al inicio del caso y que está en la causa penal, por lo que “se da la razón a los trabajadores”.