El fiscal delegado de Protección de Personas con Discapacidad y Consumidores en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, considera que “los poderes públicos, especialmente el poder ejecutivo y el legislativo, deberían establecer un entramado protector para los consumidores y no dejar que sean los tribunales los que, a la postre y para una minoría que acude a ellos, reparen los abusos”.

El fiscal ha reflexionado que “siempre se dice que los consumidores deben informarse”, pero, a su juicio, “ésta es una manifestación poco consistente si se repara en que hay muchos consumidores especialmente vulnerables –personas mayores, con discapacidad o menores– y que en muchos casos la obtención de información eficaz no resulta fácil”.

En este sentido, ha expuesto que resulta “doloroso comprobar como después de haber sufrido un fenómeno tan nocivo como el de las participaciones preferentes, que ha llevado tanta frustración a muchas personas mayores, no se han tomado medidas, no se ha aprendido nada, todo sigue igual, no se ha hecho nada”.

Al respecto, ha precisado que el artículo 51 de la Constitución de 1978 dice: “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. Por ello, cree que “debería haber una coalición de poderes en este propósito, pero no está siendo así”.

Para Santos Urbaneja, “es llamativo que los distintos programas electorales apenas contengan medidas en materia de protección de consumidores y que este tema no sea objeto de análisis en los debates de la nación, cuando afecta a todos los ciudadanos sin excepción y es objeto cotidiano de conversación y comentario”.

Causa Gas Natural

Por otra parte, el fiscal ha informado sobre las familias afectadas por los cobros indebidos realizados por la empresa Gas Natural Andalucía, beneficiarias de la sentencia condenatoria a dicha entidad, de las que “cobraron la mayoría, en torno al 75% de los afectados”.

Si bien, ha puntualizado que “al otro 25% no ha sido posible encontrarlo”, a lo que añade que “hay que tener presente que el proceso ha durado 16 años –2003-2019– y los cobros indebidos se produjeron a partir del año 1998”.

No obstante, ha aclarado que “el dinero se encuentra depositado en el juzgado y se sigue pagando a quienes lo están pidiendo”, al tiempo que ha subrayado que “en ningún caso el sobrante revertirá a la empresa, sino, en su caso, al erario público”.

En palabras de Santos Urbaneja, “el drama es que el proceso dure 16 años”, algo que, a su juicio, “es debido a que la última parte del mismo, la ejecución de las acciones colectivas-masa no está legalmente regulada”. Y es que, “la ley no dice cómo hay que hacerlo”, ha apostillado.