Córdoba

La Fiscalía pide nueve años de cárcel para los acusados de las mordidas en la Fundación Guadalquivir

  • Solicita a su vez multas que superan los 300.000 euros

Ángeles Muñoz y Cristian Menacho, en la Ciudad de la Justicia. Ángeles Muñoz y Cristian Menacho, en la Ciudad de la Justicia.

Ángeles Muñoz y Cristian Menacho, en la Ciudad de la Justicia. / Juan Ayala

La Fiscalía ha pedido penas que suman nueve años y nueve meses de prisión a cada uno de los tres responsables de la Fundación Guadalquivir de Córdoba a los que acusa de fraude por quedarse parte del salario de 18 personas que contrataron a través de tres entidades mediante falsas donaciones.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal califica los hechos como de un delito continuado contra el derecho de los trabajadores, por el que pide una condena de tres años y nueve meses de cárcel para cada uno de los acusados, y otros dos de fraude de subvenciones o ayudas de las administraciones públicas, por las que reclama otros seis años en conjunto para cada uno de ellos.

Pese a que la acusación particular que ejerce Podemos vincula el entramado asociativo que describe el fiscal al PSOE, ya que dos de los tres acusados formaron parte de sendas candidaturas de los socialistas al Ayuntamiento de Córdoba, la acusación pública no hace alusión alguna a esta circunstancia.

Según el fiscal, los acusados, dos de ellos son madre e hijo (Ángeles Muñoz y Cristian Menacho), constituyeron entre 2008 y 2016 tres entidades, una fundación, una asociación de jóvenes y otra de vecinos, junto a otros familiares a los que no acusa, con las que llevaron a cabo "de común acuerdo y en acción conjunta" los hechos por los que se les acusa.

Las tres entidades lograron entre 2014 y 2016 subvenciones fundamentalmente del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, pero también del Ayuntamiento de la capital y de la Fundación Cajasur por más de 700.000 euros.

El procedimiento que, según el fiscal, utilizaron en todos los casos para detraer a los empleados de este entramado consistía en solicitar a cada trabajador que, bien firmasen la recepción de una cantidad aunque percibiesen otra cuando cobraban en metálico, o que entregasen en metálico una supuesta donación a la entidad una vez que habían recibido el salario a través de un ingreso bancario.

Los trabajadores, asegura el fiscal, aceptaban ante la situación de "cubrir sus necesidad básicas" que presentaban, y se llegó a producir el despido de una empleada por negarse a participar en este sistema.

Por este proceso, el Ministerio Público describe operaciones que van desde los 241,94 euros hasta a los 951,18, que corresponde al caso de un trabajador al que se le dijo que no acudiese a trabajar durante un mes porque el local donde tenía que desarrollar sus funciones no estaba habilitada.

Junto a las penas de prisión, la Fiscalía incluye en su petición multas para cada uno de los tres acusados de 305.400 euros, con pena subsidiaria de cárcel en caso de impago, y la imposibilidad de recibir subvenciones o ayudas públicas y del derecho a beneficios, incentivos fiscales o ayuda social durante cuatro años.

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