La estafa de la agencia de viajes Wiajera en Córdoba: "Para él era pagar el dinero o la cárcel"

Las cenizas de su hijo no llegaron a su destino. La justicia, a veces "se queda corta", y en otras ocasiones, aunque tarde, ni siquiera llega para todos. La estafa de la agencia de viajes Wiajera de Córdoba truncó los sueños de al menos 200 personas en otoño de 2018 y, ahora, cinco años después, están comenzando a ver la luz al final del túnel en un proceso que, además de económico, ha sido emocionalmente complicado para sus víctimas.

La mayoría eran de origen latinoamericano y habían hecho un gran esfuerzo para pagar viajes que iban desde visitas familiares por Navidad tras muchos años de no sentir esos abrazos, hasta bodas, citas médicas o regresar a su origen con las cenizas de su hijo muerto. Ahora, al menos un centenar de las personas que denunciaron están empezando a ver la justicia, aunque sea un concepto que a veces deja "un sabor agridulce".

El abogado defensor del centenar de personas que decidieron denunciar, Mario Garrido, ha hecho ya las primeras transferencias bancarias a 70 de los 100 afectados que defiende. Se trata del 50% de los importes que el responsable de la agencia de viajes Wiajera estafó a las víctimas y que tiene que pagar en lo que resta de este año 2023 tras alcanzar un acuerdo de conformidad para evitar la prisión. La situación lo llevó al banquillo y pedían cinco años de cárcel para él. "No teníamos duda de que íbamos a recuperar el dinero, para él era eso o la cárcel", expresa el abogado a este periódico.

Este centenar de personas recibirá la totalidad de los importes que pagaron por unos vuelos que nunca llegaron a realizarse. Algunos costaron 400 euros, otros 4.000 euros. El total de lo estafado asciende a 150.000 euros, de lo que el principal acusado debe pagar 75.000 euros (que está ingresando mes a mes, aunque en julio no llegó el importe que prometió), otros 25.000 fueron ya pagados por su principal socio y el resto es de la compañía aseguradora. Fue necesario reclamar a la Junta de Andalucía el aval bancario, de 50.000 euros, que deberá ingresarlo a la cuenta de los juzgados.

El acusado se ha comprometido, y ha puesto sobre la mesa un calendario, a pagar mes a mes y hasta diciembre. "Este hombre, al no ser un delincuente habitual sino una persona convencional, la única escapatoria que tenía para no ingresar en la cárcel era pagar el dinero, eso era obvio, era una cosa muy sencilla, no tenía mucha discusión", agrega Mario Garrido, que afirma que "ha reaccionado cuando ha visto que podía ingresar en la cárcel".

El 30 de mayo, cuando el principal socio del dueño de la agencia pagó los 25.000 euros que le correspondían, el abogado comenzó a llamar a los afectados, uno a uno y por el orden de una lista que guardaba, para devolver el 50% de lo que le correspondía a cada uno. Contactarlos no ha sido fácil, son más de 100 personas con historias muy diferentes, en su mayoría vulnerables por ser migrantes. Muchos han vuelto a sus países de origen, viven en otras partes de España o han enfermado, han muerto y no verán a la justicia llegar.

"La justicia tarda, pero llega, aunque no llegará para todos", expresa el que ha sido portavoz del grupo de afectados desde el primer momento, Mario Espinosa, que además es uno de los que ha recibido ya parte del dinero. "Mucha gente ha sentido decepción por el tiempo transcurrido, no teníamos ya esperanzas, pensábamos que no tenía solución", cuenta Espinosa, que expresa que ahora "nos sentimos satisfechos y contentos de que por fin termine todo este vía crucis".

El caso

Alrededor de 220 personas se vieron afectadas por la estafa de la agencias de viajes cordobesa Wiajera en toda España: de Málaga, Jaén, Valencia, Huelva, y otras tantas provincias, además de Córdoba, son las personas que contrataron un viaje con el dueño de la empresa, quien, supuestamente, cobró billetes pocos días antes de echar el cierre de la agencia.

Dichos pasajes tenían como destino, en su mayoría, América Latina -algunos también de regreso a España- y rondaban los 1.000 euros. Sin embargo, había familias enteras que ya los habían comprado y habían desembolsado hasta 4.000 euros. La situación llevó a los afectados a protestar varias veces en las calles por "un delito de estafa" que se veía agravado por ejercerse sobre personas vulnerables. Finalmente, todo apunta a que, tras el acuerdo alcanzado con sus propietarios, este año el caso verá su fin.