Alrededor de 220 personas se han visto afectadas por la supuesta estafa de la agencias de viajes cordobesa Wiajera en toda España. Así lo han indicado algunos de estos afectados y el abogado representante de gran parte de ellos, Mario Garrido, quien detalló que la cantidad estafada podría ascender a los 150.000 euros. De Málaga, Jaén, Valencia, Huelva, y otras tantas provincias, además de Córdoba, son las personas que contrataron un viaje con el dueño de la empresa, quien, supuestamente, cobró billetes pocos días antes de echar el cierre de la agencia. El abogado, que representa a 97 de los afectados, explicó que se presentará una demanda colectiva el próximo viernes por delito de estafa, que podría verse agravada por el hecho de que haya afectado a un gran número de personas en situación de vulnerabilidad, lo que llevaría al supuesto estafador a ocho años de cárcel.

Según las informaciones recabadas por Garrido, el dueño de la agencia ha alegado que tenía otra sociedad a la que podría haber destinado el dinero para sacarla a flote y también ha asegurado que lo ha embargado Hacienda. Para el abogado, estas explicaciones "no son creíbles" porque, además, tenía el dinero de algunos viajes desde hace cuatro meses y no había tramitado los billetes. Dichos pasajes, explicó, tenían como destino, en su mayoría, América Latina -algunos también de regreso a España- y rondan los 1.000 euros. Sin embargo, había familias enteras que ya los habían comprado y habían desembolsado hasta 3.000 euros. En este caso, la mayor parte de los afectados iban a viajar a ver a sus respectivas familias a las que, en muchos casos, no visitaban desde hace cuatro o cinco años. También hay casos de viajes de placer que, según el abogado, los propios perjudicados han reconocido que la situación no se puede comparar.

El portavoz de los afectados, Mario Espinosa, adelantó que seguirán protestando ante una estafa que calificó como "macro". Espinosa apuntó que llevaban contratando viajes con Wiajera desde hace ocho años y, hasta ahora, no habían tenido ningún problema. "De la noche a la mañana nos encontramos con esto", lamentó, y reconoció que ahora se sienten "impotentes" por no poder tener sus billetes. Lo importante, explicó el portavoz de los afectados, es "recuperar el dinero" y "que se haga justicia" ya que, aseguró, hay familias que han llegado a abonar hasta 15.000 euros para viajar, en este caso, a Bolivia.

Otra de las afectadas, Angye Farias denunció que se sienten "desprotegidos" por la administración sobre la que afirmó que "tendría que haber hecho su trabajo". Según Farias, hay algunos de los perjudicados que se han puesto en contacto con el dueño de la agencia y éste les ha respondido que "se declarará insolvente si se interpone la denuncia". "Que vaya a la cárcel tres años no nos sirve de nada", reprochó, y aseveró que hay incluso afectados que han perdido su trabajo en España por no poder volver desde sus respectivos países de origen. "Tenemos que movilizarnos y mantenernos unidos para que se nos escuche", reivindicó.

La organización de consumidores Facua, por su parte, explicó que la agencia de viajes tenía la obligación de tener un seguro de, como mínimo, 100.000 euros. En este caso, recordó que los afectados pueden acogerse a este seguro y, de esa manera, recuperar su dinero.