Los profesores aún no lo tienen claro, pero creen que es más necesario que la Junta dote a colegios e institutos de mayores "medios y recursos" para que los programas educativos "funcionen" antes que el inicio de las clases se adelante una semana, según el borrador presentado por la Consejería de Educación para el próximo curso.

El presidente de la Junta de Personal Docente No Universitaria, Sebastián Quesada, aseguró ayer que si la propuesta se pone en marcha conllevará "ciertas dificultades". El proyecto de decreto de la Consejería de Educación pretende adelantar el curso escolar del 15 al 7 de septiembre en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, lo que llevará a que Andalucía unifique el inicio del curso con otras 13 comunidades autónomas que ya comienzan sus clases antes del día 15. Quesada sostiene que con esta medida "la Junta confunde la conciliación de la vida familiar y laboral con la modificación de las horas lectivas" y apuntó que el decreto -que aún no ha pasado por la mesa sectorial- provocará que los profesores trabajen "unas 30 horas lectivas más". Incidió en que el posible adelanto de las clases repercutirá aún más en "los errores endémicos" que hay cada inicio de curso, como "obras sin acabar" y "plantillas incompletas".

Según el proyecto de decreto, el régimen ordinario de clases comenzaría el 7 de septiembre de cada curso o el primer día laborable después de éste. El propósito es que las delegaciones provinciales y los centros tengan más margen para conjugar el tiempo dedicado al horario lectivo y al de ocio, "necesario e indispensable, igualmente, para la mejora del rendimiento académico y madurez personal del alumnado". La propuesta incluye que la finalización del régimen ordinario de clase no será anterior al 22 de junio de cada año, mientras que el periodo comprendido entre el último día de clase y el 30 de junio se dedicará a las actividades relacionadas con la evaluación del alumnado. El número de días lectivos para estas enseñanzas, según la propuesta autonómica, en todos los centros de Andalucía será de 180, y las horas de docencia directa serán 900, incluidos los recreos.

El sindicato CSI-CSIF no está de acuerdo con el borrador y lo ha rechazo desde el primer momento. Su presidenta en Córdoba, Elena García, consideró que la propuesta de la Consejería de Educación "no responde a una mejora del sistema educativo". El proyecto, continuó, "no tiene en cuenta que los primeros días de curso se necesita espacio para organizar y coordinar al profesorado". García indicó también que el borrador "pone en tela de juicio la labor docente" y añadió que se trata "de una medida más política que educativa".