El 33% de los conductores fallecidos y analizados por el Instituto Nacional de Toxicología tenía presencia en sangre de alcohol, drogas o psicofármacos. Este dato lo han avanzado la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, y el jefe provincial de Tráfico, José Antonio Ríos Rosas. Ambos han anunciado que hasta el próximo domingo 9 de junio, inclusive, se intensificarán los controles en las carreteras cordobesas y en tramos urbanos, con una media de 700 diarios y "de forma dinámica, para evitar el efecto aviso entre los conductores". "Se pondrá especial énfasis en los colectivos policonsumidores, aquellos conductores que se ponen al volante y que consumen habitualmente alcohol y/o drogas", han indicado.

Como sucede en otras ocasiones, la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (Aspaym) colabora con la Dirección General de Tráfico (DGT) concienciando a los conductores sobre el grave riesgo que supone circular habiendo ingerido alcohol y otras drogas.

Para ello, voluntarios de lesión medular víctimas de accidentes de tráfico acompañarán a los agentes encargados de realizar los controles. En ese momento, el voluntario de Aspaym se acercará al vehículo retenido, trasladándole el mensaje común de la campaña y demostrando al mismo tiempo con su presencia las consecuencias y secuelas irreversibles de los accidentes de tráfico, tal y como ha apuntado la subdelegada.

"El objetivo de la campaña es intentar que haya un cambio de actitud en todos aquellos conductores que conducen después de haber consumido alcohol y/o drogas al volante. Para conseguir ese cambio de concienciación contamos con la inestimable colaboración de los voluntarios de Aspaym, que como vienen haciendo ya con la DGT desde hace 12 años, colaborando con este tipo de campaña, van a transmitir con su experiencia el mensaje más duro acerca de las consecuencias que tiene el conducir bajo los efectos del alcohol y/o drogas", ha detallado Ríos Rosas.

"Para aquellos a los que no les llegue el mensaje, la campaña tiene otra pieza fundamental, que es la vigilancia; en este sentido se va a intensificar la vigilancia de este tipo de conducta durante esta semana, contando para ello con la Guardia Civil de Tráfico. No importa la hora del día que sea o si se trata de vía urbana o interurbana", ha detallado. La DGT también ha cursado la invitación a los diferentes ayuntamientos de la provincia para que colaboren. "También se realizarán las pruebas pertinentes cuando un conductor cometa una infracción o cuando se vea implicado en un accidente de tráfico", ha adelantado.

Ríos Rosas ha insistido en que las pretensiones de la DGT pasan por combatir los cuatro factores que más están implicados en los accidentes: la velocidad, el consumo de alcohol y/o drogas, las distracciones al volante y el no uso del casco o el cinturón de seguridad. El jefe provincia de Tráfico ha destacado que el pasado año fueron sancionados en Córdoba más de 2.200 conductores por el consumo de alcohol y/o drogas.

"En la última campaña que hicimos al respecto obtuvimos un porcentaje de positivos del 0,5%, pero tenemos que seguir insistiendo, no nos podemos dejar llevar por ese dato, porque luego la encuesta anónima que ha realizado la DGT nos encontramos que uno de cada 12 conductores reconoce conducir después de haber tomado alcohol y/o drogas, y esto es muy grave", ha puntualizado.

Ríos Rosas ha indicado que, en los últimos años, la tendencia de la siniestralidad en las vías cordobesas "es a la baja". "Si comparamos con los datos que teníamos el año pasado en estas mismas fechas, el año pasado teníamos diez accidentes mortales en la provincia de Córdoba y este año llevamos siete; este año llevamos ocho fallecidos y el año pasado a esta misma fecha teníamos 13", ha relatado.

Por la vía administrativa estas denuncias conllevan una sanción de entre 500 y 1.000 euros y la pérdida de entre cuatro y seis puntos del permiso de conducir. Y por la vía penal, al sobrepasar la tasa de 0,60 miligramos por litro en aire, suponen prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir de uno hasta cuatro años. La negativa a realizarse las pruebas está penada con entre seis meses y un año de prisión y la privación del derecho a conducir.