Constructoras de Córdoba denuncian que la Junta les debe millones de euros por obras en colegios

Córdoba/Más de una veintena de empresas que han ejecutado obras en los colegios de Sevilla, Málaga, Córdoba y Jaén, en su mayor parte, y también en el resto de Andalucía, denuncian que la Junta les adeuda más de 20 millones de euros por un millar de actuaciones ya concluidas. El 15% de ellas son de Córdoba, la provincia más afectada tras la de Sevilla (21%) y Málaga (18%). En Jaén también existe un 15% de empresas afectadas con respecto al total de Andalucía, y en menor medida en Almería (13%), Granada (8%), Huelva (7%) y Cádiz (3%). Algunas de estas empresas reclaman cantidades por obras que superan los tres millones de euros, por lo que temen verse abocadas al cierre. En los demás casos, las deudas van de un millón a un millón y medio de euros.

El sector de la construcción, golpeado en los últimos años por la pandemia del Covid-19, la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania y un brutal incremento de los costes de los materiales y materias primas, enfrenta ahora este nuevo desafío: la negativa de la la Junta a revisar los precios de 1.000 actuaciones de las 2.000 obras que se contrataron para colegios de 2020 a 2024, acogidas al sistema extraordinario de revisión de precios.

El gremio denuncia que lo que agrava la situación es el cambio de criterio administrativo no justificado de la Junta –que va contra los propios actos de la administración–, ya que sucede cuando las obras ya estaban ejecutadas, lo que amenaza con desestabilizar a la veintena de empresas que han desarrollado de manera mayoritaria estos proyectos. El daño económico supera los 20 millones de euros y alguna de estas compañías está abocada al concurso de acreedores. Por ello, muchas de ellas han decidido acudir a los tribunales y se podría producir una litigiosidad sin precedentes dentro del sector con un millar de expedientes, según explica la patronal Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública).

Más de mil expedientes

Desde Ceacop, su gerente Arturo Coloma resume la indignación del sector. “Nos encontramos con una tramitación de más de mil expedientes con un valor en torno a los 20 millones de euros que se convertirían en una pérdida para las empresas, con el consecuente e irreparable daño que conlleva, sin olvidar la carga jurídica que va a provocar en estas compañías y en la administración. Realmente es sorprendente e inaudito que se vaya contra las propias indicaciones tanto del decreto ley andaluz como de las instrucciones publicadas al efecto”, recalca.

“Es inaudito que la Junta opere con una normativa redactada y con unas instrucciones precisas y con un cálculo absolutamente precisado y, de repente, digan que eso no está bien, pero tampoco nos mandan un informe diciendo qué es lo que van a hacer y lo que no van a hacer”, subraya la patronal. Ceacop critica el modo de proceder de la Junta. “Es ir contra sus propios actos. Cuando ha habido dudas de interpretación el gremio lo ha hecho por escrito y la Agencia de Educación las ha contestado y se han hecho instrucciones por su parte que han sido publicadas. Al final dicen esto y han borrado la instrucción de la web, que es algo alucinante también. Estamos esperando a que nos respondan y la respuesta verbal es que nos preparemos porque va a ser negativa”, lamenta Coloma.

Aumento extraordinario de los precios

Desde 2020, las empresas constructoras han lidiado con aumentos extraordinarios en los precios de las materias primas y la energía, factores que afectaron directamente a sus costes operativos. Sin embargo, la normativa existente no contemplaba mecanismos ágiles para responder a estos incrementos. La Junta de Andalucía introdujo en 2022 medidas extraordinarias de revisión de precios, que inicialmente representaron un alivio para contratistas y empresas. Este marco regulatorio permitió recalcular los costes de las obras públicas recogidas en el Acuerdo Marco de Obras de Reforma, Adaptación, Ampliación, Redistribución y Mejoras en Centros Educativos.

Cerca de 2.000 intervenciones licitadas en 2019 y contratadas en 2020, con cuatro años de ejecución, se vieron beneficiadas por estas medidas. A pesar de la aparente estabilidad inicial, en junio de 2023 empezó a detenerse el trámite de aprobación de expedientes de revisión, y en julio de 2024 la Consejería informó verbalmente a Ceacop, así como a otros representantes del sector, de que dejaría de aplicar las revisiones de precios acordadas, basándose en un informe interno cuya copia aún no ha sido compartida con los afectados. Como consecuencia, más de 1.000 expedientes han quedado paralizados, poniendo en riesgo la solvencia de las empresas contratistas.

Los argumentos de la Consejería incluyen una reinterpretación de los decretos vigentes, según la cual las obras adjudicadas después de marzo de 2023 no tendrían derecho a revisión. Además, determinados contratos con precios ya abonados podrían ser objeto de reclamaciones administrativas por parte de la Junta, un cambio de criterio que contradice las normativas previas y las instrucciones publicadas oficialmente, lo que ha generado incertidumbre jurídica y económica.

Representantes de Ceacop se han reunido en diversas ocasiones en el último trimestre con el viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada Ruiz, quien ha defendido “las dificultades internas para resolver la situación”. No obstante, hasta ahora no se ha ofrecido una respuesta definitiva ni se han proporcionado las justificaciones jurídicas que respalden el cambio de criterio.

Un nuevo acuerdo marco para 2025-2028

Las empresas se habían dado de plazo hasta principios de febrero para obtener una solución, pero la falta de avances concretos eleva la posibilidad de que estas demandas deriven en una sucesión de litigios. Ceacop señala que el daño ocasionado en las cuentas de las obras de las compañías afectadas ronda un 20% del importe del contrato, calificando las consecuencias para las mismas como “muy graves”.

La publicación de un nuevo acuerdo marco para el periodo 2025-2028, que contempla inversiones por 200 millones de euros en más de 1.000 nuevas actuaciones en colegios, ha intensificado la incertidumbre del sector, puesto que las empresas se cuestionan si estas nuevas obras, cuyo anuncio se ha producido sin haberse resuelto previamente los expedientes del anterior acuerdo, representará un nuevo quebranto en sus cuentas.

Además de los problemas financieros, las empresas lamentan que no se está considerando la complejidad técnica y organizativa de estas obras, localizadas en todo el territorio andaluz, de cantidades e importes discretos y variables y con una gran pluralidad de proyectos y situaciones, compatibilizando además la ejecución con la actividad docente. Los constructores demandan un reconocimiento del esfuerzo organizativo y de la preparación técnica y de medios que se necesita para llevar a cabo estos proyectos y advierten de que, sin un sistema operativo y justo, “es muy probable que no se puedan ejecutar las obras”.