Antonio Pérez Hidalgo trabaja desde hace casi 26 años como conserje en el instituto de Educación Secundaria Trassierra. Es más, tiene su vivienda allí, en la que reside con su familia. Sin embargo, este trabajo le está reportando bastantes quebraderos de cabeza en los últimos años y reclama que la Administración autonómica le abone el complemento de peligrosidad que viene reflejado en el convenio colectivo del personal laboral de la administración de la Junta.

Ese plus supone un 20% del salario que recibe mensualmente y que desde que se acordó aún no ha recibido. Por ello, ha demandado a la Administración y el juicio, el primero de estas características de Córdoba, se celebrará el próximo 4 de diciembre en los Juzgados de lo Social.

El citado convenio recoge que ese plus "responderá a circunstancias excepcionales, por cuanto la regla general debe ser su eliminación cuando desaparezcan las circunstancias negativas que lo justifiquen". Por ello, continua, "se tenderá a la desaparición de este plus a medida que por la Administración se tomen los medios adecuados para subsanar las condiciones tóxicas o peligrosas que les dieran origen". "Además de las circunstancias a que se hace referencia, podrán tenerse en cuenta y, en su caso, valorarse, la exposición a riesgos diversos por parte del personal", concluye el citado convenio.

Pérez Hidalgo explicó también que "cada vez que saltan las alarmas en el instituto, a cualquier hora del día", tiene que dar parte a la Policía. Entre sus funciones se encuentran la de vigilar que todo quede apagado cuando concluyen las clases en el instituto, ubicado en la zona de Arroyo del Moro de la capital.

El conserje señaló también que en todo este tiempo que lleva en el instituto apenas han robado un par de veces, aunque reconoció que "siempre pasan cosas", tanto a él, como al resto de compañeros que trabajan en su mismo puesto. Denunció también que su trabajo no incluye muchas de las tareas que tiene que hacer de manera habitual en los últimos años, tales como pedir el Documento Nacional de Identidad (DNI) en la puerta del instituto para dejar pasar a los alumnos. "Esa no es nuestra función", consideró el ordenanza.