Condenado el torero El Cid por coaccionar a un empresario de Córdoba para cobrar una deuda por una corrida

El torero sevillano Manuel Jesús Cid Salas (Salteras, 1974), conocido popularmente como El Cid, ha sido condenado este martes por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba a pagar una multa total que ronda los 810 euros por un delito de coacciones sobre un empresario ganadero de profesión al que le exigía el cobro de una deuda por una corrida de toros que organizó en 2017 en Morón de la Frontera (Sevilla) y en el que el matador, ahora mismo con 51 años, supuestamente participó.

Dos años más tarde de la celebración de esta corrida de toros, el 3 de febrero de 2019 a eso de las 09:15 tal y como narran los hechos que han sido aceptados por ambas partes en el juicio, un vehículo con cinco hombres a bordo se trasladó hasta la urbanización de la localidad de Almodóvar del Río con el objetivo de cobrar la deuda que el empresario, A.S., mantenía con el torero por la corrida celebrada en Morón de la Frontera en 2017. Las cinco personas, acusadas también este martes, "se personaron en la vivienda de A.S. de manera violenta para cobrar la deuda", cuentan los hechos relatados durante el proceso judicial.

Tras bajarse del todoterreno, los procesados llamaron a la puerta de la vivienda "insistentemente" y esta la abrió la mujer del empresario, a quien le entregaron, después de preguntar por el torero en varias ocasiones, "dos pagarés a nombre de El Cid", a lo que continuaron expresando que "iban a cobrar el dinero por las buenas o por las malas". La mujer cerró la puerta y llamó por segunda vez a la Guardia Civil según cuentan los hechos, pues "dijeron que iban a entrar en la casa y que le iban a romper las piernas" a su marido, que "ese dinero era del torero", que iban "a saltar la cancela", "a llevarse a los caballos" y que "les daba igual lo que se llevaran por delante".

A.S., que supuestamente no estaba presente en el interior de la vivienda durante las amenazas, entró a la casa por una puerta trasera y, tras ver a su mujer "en un estado de nerviosismo", cogió un rifle semiautomático que tenía guardado pese a carecer de licencia de armas y disparó hasta en varias ocasiones sobre los cinco hombres mientras estos huían hacia el todoterreno sin haber cobrado la deuda. Uno de los cartuchos impactó en la cabeza de uno de los acusados, que tuvo que ser trasladado al hospital Reina Sofía de Córdoba, donde estuvo hospitalizado durante siete días tras su intervención quirúrgica. Un disparo que le ha dejado una cicatriz en la cabeza y que le ha provocado la pérdida de la visión en su ojo derecho, vértigos, cefaleas persistentes y otras lesiones según el historial médico.

Tras estos hechos, el procedimiento judicial, que ha contado con siete procesados, se ha resuelto con un acuerdo de conformidad aceptado por la fiscal, las acusaciones y las defensas con una importante rebaja de penas. El torero El Cid, que se enfrentaba a la petición de tres años de prisión, finalmente no pisará la cárcel, pues ha sido condenado por coaccionar al empresario enviando a varias personas a su domicilio para cobrar una deuda con una multa de cuatro meses y 15 días a razón de seis euros diarios, lo que hace un total de alrededor de 810 euros.

Para los cinco hombres que acudieron hasta el domicilio del empresario y ganadero con el objetivo de cobrar la deuda que supuestamente este le debía al torero sevillano, la condena también ha sido de una multa por un delito de coacciones de cuatro meses y 15 días a razón de cuatro euros diarios, lo que hace una sanción total de 540 euros. La multa a El Cid es algo más alta al haber sido considerado el inductor de las acciones de los intermediarios.

La pena más elevada la ha recibido el empresario y ganadero, A.S., quien ha sido condenado a dos años de prisión por el delito de lesiones ocasionadas sobre el individuo que recibió el disparo en la cabeza, así como a seis meses de cárcel por tenencia ilícita de armas (en una primera instancia se pedían nueve años para él). Por las lesiones ocasionadas, el empresario debe abonar una cuantía total de 50.000 euros, de los que ya ha pagado un total de 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil, por lo que la Fiscalía le ha aplicado la atenuante de reparación de daño.

Para pagar los 30.000 euros restantes se le ha aplicado un plazo de dos años para suspender su ingreso en prisión. Y es que, el acuerdo alcanzado suspende la ejecución de pena para el empresario al haber indemnizado a la víctima previamente y por no tener antecedentes penales, pero debe mantener el compromiso de pago en el tiempo establecido y estará suspendido durante cuatro años "por la gravedad" de los hechos.