La comunidad judicial rechaza en pleno las nuevas tasas

El 12 de diciembre pasará a las hemerotecas como el primer día en que toda la comunidad judicial, sin excepciones, salió a la calle sin diferencias. Jueces y fiscales, secretarios y abogados, funcionarios afiliados a sindicatos e independientes, secretarios y procuradores, hasta superar las 300 personas, se concentraron a las puertas de la Audiencia Provincial para dedicarle un "no" rotundo a la ley de tasas ideada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. La movilización paralizó los juzgados durante una hora, obligó a interrumpir vistas y, lo que resulta más significativo, unió por primera vez a todos los actores judiciales en un frente común. Nunca antes sindicatos, magistrados y fiscales habían compartido escenario de una movilización.

La protesta, que se celebró simultáneamente en todas las sedes judiciales del país, estuvo convocada, por una parte, por una comisión que agrupa a las asociaciones de jueces y fiscales y, por otra parte, por los sindicatos y por el Consejo Nacional de la Abogacía. "Los problemas de la Justicia no se resuelven impidiendo el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, como resulta de la aplicación de la injusta ley de tasas, ni vaciándola de competencias en los casos de la privatización del Registro Civil", denunció la junta de personal -integrada por CSIF, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ-. Los funcionarios también insistieron en que "con la excusa de la crisis el Ministerio de Justicia se está cargando derechos laborales, que se han ido consiguiendo a lo largo de los últimos 30 años, imponiendo cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de movilidad forzosa, licencias y permisos o retribuciones".

En la concentración estuvieron el juez decano, José Carlos Romero Roa; el decano del Colegio de Abogados, José Luis Garrido; numerosos jueces y magistrados de todos los órdenes y la Fiscalía casi en pleno. Hubo togados que, incluso, se atrevieron a mostrar pancartas alusivas al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ideólogo de unas tasas que todos, sin excepciones, consideraron excesivas y que -auguraron- disuadirá a muchos ciudadanos afectados por la crisis a sencillos trámites como recurrir multas de tráfico y, sobre todo, a acudir a las máximas instancias judiciales.

La ley contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas y los ciudadanos deberán pagar, por primera vez, en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa. El decano del Colegio de Abogados, José Luis Garrido, apeló a la "unidad" conseguida para intentar frenar la ley de tasas judiciales, pues "el principal perjudicado es el justiciable". "No se puede pedir 200 euros por recurrir una multa de cien. Es claramente inconstitucional y supone pasar el rodillo sobre los más perjudicados", alertó.

Ese mismo día, la delegada del Gobierno central, Carmen Crespo, admitió que "se pueda protestar" por la subida de las tasas judiciales, pero argumentó que "en España hay una litigiosidad muy alta" y comparó que en Europa las tasas suponen el 30% del coste del servicio, mientras que el Ministerio pretende cubrir el 10%". La polémica continúa activa.