La Iglesia "nunca" fue la propietaria de la Mezquita Catedral, sino que perteneció siempre al Estado. No hay ningún documento que acredite la donación del monumento por parte de Fernando III El Santo y el Cabildo, además, realizó de manera irregular la inscripción en el registro del bien. Con estos argumentos -más históricos que jurídicos- repartidos en un informe de 20 páginas la comisión de expertos creada por el Ayuntamiento ha dado por concluido algo más de un año de trabajo y ha recomendado al Consistorio que inste al Gobierno central a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para anular la reforma de la Ley Hipotecaria que permitió la inscripción del bien.

El documento fue presentado ayer en el Ayuntamiento por los tres autores: el ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, y los historiadores Juan Bautista Carpio y Alejandro García Sanjuán. Y aunque abandonó el grupo de trabajo tras ser nombrada vicepresidenta, Carmen Calvo ha aportado la mayoría de los argumentos que contiene el escrito, según reconoció ayer Mayor Zaragoza. El texto también aporta otra recomendación sobre la gestión del monumento y propone que se cree un patronato en el que estén representadas las administraciones, además del Cabildo. Mayor Zaragoza llegó a decir que de esta manera podría mejorar el estado de conservación del monumento.

El documento propone que se cree un patronato como forma de gestión

A modo general, el informe viene a refrendar la idea con que se concibió: que hay argumentos para exigir la titularidad pública. Ese era el único objetivo del grupo de trabajo, conformado de antemano bajo esa premisa. Hasta la alcaldesa, Isabel Ambrosio, reconoció que su compromiso estaba cumplido, ya que su intención era explorar "todas las vías posibles" para poder reclamar la titularidad del inmueble. Que ahora se pueda conseguir es otro cantar. Por el momento, la regidora reconoció que necesita algunos días para "la toma de decisiones" y evaluar si asume todo lo incluido en el informe. Por un lado, que consiga los apoyos en el Congreso para que se presente el recurso al Tribunal Constitucional y, por otro, que se avance en la creación de un patronato para la gestión de la Mezquita.

Pero, ¿cuáles son los argumentos que aporta la comisión de expertos para defender su postura? Uno de los más importantes es que insisten en que no hay ningún documento que acredite la donación del bien a la Iglesia, hecho que ocurrió en 1236 por parte de Fernando III. Los expertos apuntan que "hay numerosos indicios que nos llevan a pensar que no se produjo donación" y también utiliza términos como "todo apunta a que no lo hizo" en referencia también a la cesión. Antes de este momento, y para justificar la propiedad del Estado, el documento recoge que "no hay pruebas" de que la Mezquita se levantara sobre un templo cristiano y afirma además que "las fuentes documentales dejan claro que la construcción de la primitiva mezquita por Abderramán I responde a un proyecto de carácter estatal, ligado a la dinastía Omeya cordobesa". En este sentido, mantiene que la intervención estatal "se hace notar en el funcionamiento del templo" que, además, tenía una función "política y simbólica como espacio de representación del soberano", así como una actividad judicial.

Después hace un recorrido a través de distintas reseñas en la prensa de la época para demostrar la propiedad del Estado. Los expertos explicaron ayer que "son muchos los documentos" en los que se reconoce la titularidad estatal y el papel, además, del Ayuntamiento.

Otra de las líneas de argumentación es que la admisión de la propiedad de la Iglesia "es contrario a los valores considerados por la Unesco" para su declaración de patrimonio de la Humanidad, ya que "su declaración partía de su consideración como bien público". El escrito pone en duda igualmente que se cumplieran con "los tres requisitos básicos exigibles" para la inmatriculación del bien y rechaza "el reconocimiento de la autoridad eclesiástica católica como fedatario público" porque "rompe el principio de igualdad de todos los españoles y todas las confesiones religiosas ante la ley". En este argumento se sustenta la petición para que el Congreso presente el recurso de inconstitucionalidad contra la norma que permitió la inscripción.

La alcaldesa insistió ayer en que "sería una irresponsabilidad no hacer todo lo posible para revertir la situación y no llegar hasta el final". Además, aseguró que "siempre hemos tendido la mano" al Cabildo, a la Diócesis y "a cualquiera" y que "esa va a ser la actitud del gobierno municipal" para tratar los asuntos que se incluyen en el dictamen.