Córdoba

Los centros de protección al menor se encuentran al 132% de su capacidad

  • CSIF alerta de que en los tres espacios hay 97 chicos, lo que supone que se han rebasado en 24 las plazas límites

Tres internos de un centro de menores de la Junta de Andalucía. Tres internos de un centro de menores de la Junta de Andalucía.

Tres internos de un centro de menores de la Junta de Andalucía. / el día

Csif denunció ayer la "sobreocupación" de los tres centros de Protección de Menores de titularidad pública dependientes de la Junta de Andalucía existentes en la provincia, ya que a día de hoy están al 132% de su capacidad con un total de 97 menores, sobrepasando en 24 las plazas límite que establece la normativa. El sindicato aseguró que está masificación está provocando numerosos problemas de atención a los menores por la saturación del trabajo y agravando los problemas de convivencia con situaciones de tensión e, incluso, agresiones verbales y físicas a los trabajadores.

El Sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF indicó también que la situación más preocupante se vive en el Centro de Menores Lucano, ubicado en Cerro Muriano. Este espacio, que tiene capacidad para albergar a 24 menores, actualmente atiende a 36, lo que supone una sobreocupación del 50%. En el centro Juan de Mairena hay un 45% más de los previstos y en el Beatriz Enrique hay un 4% más.

El sindicato recordó que el personal de estos centros desarrolla su labor "con menores de diversas características, de distintas culturas y con diferentes patologías" y destacó que ha conseguido que se realice un estudio de las edades de los menores en el que se contemple la posibilidad de derivar a centros de protección de drogodependientes a menores con adicción y problemas conductuales y que se establezcan mecanismos para impedir la convivencia de agresor y agredido en el mismo centro.

Además de terminar con la sobreocupación, CSIF demandó "mejoras sustanciales para el colectivo de trabajadores de estos centros como un protocolo de salud y un protocolo de agresiones, la implicación de Policía Autonómica y Fiscalía contra las agresiones, el reconocimiento de la condición de autoridad pública, la modificación de la relación de puestos de trabajo y el procedimiento de movilidad por segunda actividad".

CSIF exigió -en relación con la campaña reivindicativa iniciada hace unos meses- que a los menores se les aplique un protocolo de salud a la llegada a los centros, se atiendan las necesidades educativas de casos especiales y acciones específicas para la inclusión social del menor una vez cumplida la mayoría de edad.

El sindicato calificó esta situación de "emergencia que" y alertó de que "previsiblemente, se mantendrá durante todo el verano". Por ello, reclamó a la Administración un plan de choque en los centros dotándolos de más personal mientras se mantengan estos altos índices de ocupación. "Defendemos que la dignidad laboral no pasa por las situaciones de estrés y ansiedad por las que estos trabajadores están pasando y, que junto a la falta de medios, impide prestar una atención adecuada a los menores", concluyó.

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