Uno de los compradores de oro acusado en el caso Fénix, en el que se juzga un supuesto fraude de más de 150 millones de euros a Hacienda entre los ejercicios 2002 y 2006 en el sector de la joyería, ha explicado este jueves ante la juez que le ofrecían pagar con y sin factura.

Según ha relatado el procesado en el juicio del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, que se retomará el martes de la próxima semana y en el que hay 96 acusados, de los que algunos han muerto y otros se encuentran internos en residencias, él encargaba piezas caras a talleres con el oro que compraba. Así, ha manifestado que adquiría oro “en A y en B”, es decir, parte de la mercancía con factura y otra sin, al tiempo que tenía algunos gastos de su empresa también en “B”.

Por otra parte, una de sus empleadas, que llevaba la caja para los pagos, pero no la contabilidad de la entidad, también procesada, ha relatado que desde la empresa del principal acusado en este caso le daban por teléfono dos precios en la compra de oro, uno de ellos referido al pago con factura y otro sin factura.

Además, ha precisado que cuando llegaba el oro, iba en dos paquetes: uno con factura y el metal, que eran lingotes, para lo que ella tenía el talón preparado, y el otro sin factura, que tenía preparado el efectivo para pagar, que le dejaba preparado su jefe”. Lo apuntaba todo en una libreta, según ha comentado, para agregar que las compras de oro se realizaban "dos veces al mes de media".

También, ha indicado que recibía parte del salario "en B", como, por ejemplo, "las horas extra", a lo que ha añadido que cada seis meses había "gratificaciones" para empleados de la oficina, "que se pagaban en B", entre otros pagos.

El juicio contra las 97 personas y 45 sociedades como responsables civiles subsidiarias acusadas en la operación Fénix, tras supuestamente defraudar más de 150 millones de euros a Hacienda entre los ejercicios 2002 y 2006 en el sector de la joyería, comenzó el pasado 15 de octubre.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de 96 delitos fiscales, de los que acusa a 97 personas, de las que siete de ellas son procesadas por el total de delitos, entre ellas el presunto cabecilla de la trama, P. J. R. G., y su hijo P. J. R. F., que se enfrentan a sendas penas de unos 384 años de cárcel, mientras que las penas más bajas que pide el fiscal son de dos años de prisión para siete acusados.