Los arquitectos del centro de ferias constatan su "abandono y deterioro"

La paralización de las obras del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) está teniendo sus consecuencias lógicas en el estado del edificio. Así se constata en el último informe elaborado por los arquitectos redactores del proyecto, Javier Terrados y Fernando Suárez, fechado el pasado 2 de agosto y en el que se apunta que "se hace constar que el grado de abandono a que está sometida la obra hace redundar en su deterioro progresivo". Una frase demoledora que resume a la perfección la situación actual de un proyecto en el que gran parte del sector turístico depositó muchas ilusiones y que comenzó en 2015 con la esperanza de convertirse en una realidad poco más de un año después. La realidad es que los problemas con la constructora, que desde el primer momento pidió más dinero del que ofreció por acometer los trabajos, ha ido enredando un asunto que ahora está en manos de lo que dictamine el Consejo Consultivo, al que el Ayuntamiento ha recurrido para que ofrezca su dictamen sobre la conveniencia de rescindir el contrato con la constructora UCOP.

El informe elaborado por los arquitectos se produce a petición de los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, con el objetivo de "describir el estado actual de actividad en la obra". El resultado no puede ser más desalentador. Así, si durante los último meses la empresa constructora -que está en concurso de acreedores- ha mantenido al menos un retén en el edificio del Parque Joyero, el verano ha sido la excusa perfecta para dejar completamente sola una obra que contaba con un presupuesto de más de diez millones de euros. "En la mañana del día 2 de agosto de 2017 se gira visita a la obra" por parte de los arquitectos, asegura el documento, que constatan que "la oficina de obra se encuentra clausurada" y que la obra "sigue sin actividad ninguna, completamente cerrada y sin ningún tipo de personal dependiente de la empresa constructora. Es imposible por tanto disponer del libro de órdenes o el libro de incidencias", apunta el informe, que incluye con la contundente frase destacada al inicio, que el Parque Joyero está sometido a un grado de abandono que hace redundar en su deterioro.

El anterior documento elaborado por los arquitectos, relativo a mediados de junio, sí escondía algo de actividad, aunque mínimo, en el edificio. En ese momento la obra ya estaba paralizada y se había "eliminado las casetas de higiene y bienestar sin autorización del coordinador de seguridad y salud". No había, según el documento, vigilante de seguridad, ni tampoco responsable de seguridad de UCOP. "Sólo hay un operario de mantenimiento en la obra", apuntaba el documento. Éste estaba acompañado de otro trabajador "realizando tareas de limpieza y mantenimiento", aunque ya no existía tampoco la oficina de obra. Todos estos cambios, según el detalle de los arquitectos, se han producido sin haber sido autorizados por la dirección facultativa ni por la coordinación de seguridad y salud.

El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, reconoció que la situación es complicada aunque, por el momento, se descarta contratar seguridad privada por parte del Ayuntamiento, ya que la propia comunidad de propietarios del Parque Joyero -que el gobierno municipal paga desde la cesión del edificio- cuenta con efectivos para este fin. Lo que sí reconoció el edil es que "habrá que tomar medidas con respecto a algunos materiales que están allí", para que sigan en condiciones una vez que se retome la obra, algo que el Ayuntamiento calcula que pueda ocurrir "en unos tres o cuatro meses". El paso que resta, y que se espera que esté en breve, es el dictamen del Consejo Consultivo. La postura del órgano andaluz es obligatoria cuando no hay acuerdos entre las partes en este tipo de asuntos urbanísticos, aunque no es vinculante. Con su dictamen, si es favorable para el Ayuntamiento, se podrá resolver de manera definitiva el contrato con UCOP y licitar de nuevo la obra que queda pendiente para que otra empresa la pueda concluir. La licitación podrá seguir su trámite aunque la constructora acabe recurriendo a los tribunales, como ya ha anunciado que va a hacer y como ya ha hecho con el acuerdo en el que se denegó una prórroga, aunque sólo si el juez dictamina medidas cautelares se podrá paralizar el proceso. Con todo, la nueva fecha que ya ofrece el cogobierno para el fin de las obras se sitúa en 2019.