Los acusados por el derrumbe de Palomares irán a juicio en un año

El derrumbe de la calle Palomares, en el que falleció un matrimonio, se juzgará por fin el próximo otoño. El Juzgado de lo Penal número 1 recibió el pasado lunes el expediente -integrado por ocho tomos- en el reparto ordinario de procedimientos y, según las fuentes consultadas, la vista oral se señalará el próximo otoño, casi un lustro después de que se produjera el suceso, que causó una gran consternación en toda la ciudad. Debido a la carga laboral que soportan los órganos penales, la agenda de juicios llega ya al próximo septiembre, por lo que los seis procesados se sentarán previsiblemente en el banquillo en noviembre, avanzaron las fuentes consultadas. La vista oral se prolongará al menos durante una semana por el numeroso grupo de testigos que tendrá que declarar, y el juzgado no dispone antes de huecos en su agenda.

Un matrimonio falleció y su hijo de 12 años resultó herido de gravedad al derrumbarse parte de la casa de vecinos en la que residían, en el número 4 de la calle Palomares, en la mañana del 21 de febrero de 2007. Aunque será la autoridad judicial la que determine las causas concretas del desplome, todas las hipótesis apuntan a las obras que se efectuaban en un solar colindante de la calle Muro de la Misericordia, donde se construían diez viviendas unifamiliares y garajes. Según el informe que la Oficina de Ruinas de la Gerencia de Urbanismo hizo público en su momento, la casa se vino abajo "como consecuencia del vaciado de tierras en un sótano colindante".

La tragedia sobrevino a las 08:30. Minutos más tarde, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) comenzó la labor de búsqueda de los posibles desaparecidos. Fue un trabajo a contrarreloj en el que intervinieron 17 bomberos y la unidad de rescate canino. Además de las tres víctimas, en la vivienda afectada dormía la hija mayor de la pareja, de unos 20 años, que pudo salir de la casa ayudada por uno de los obreros. El suceso sirvió para poner sobre la mesa de nuevo la situación precaria en la que se encontraban algunos inmuebles del Casco Histórico.

Tras el suceso, el Juzgado de Instrucción número 3 abrió un procedimiento judicial que ahora llega a su recta final. En el banquillo de los acusados se sentarán seis personas, entre ellos el arquitecto de la obra. La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita para este profesional una pena de un año y seis meses de prisión por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores y dos penas de año y medio cada una por sendos delitos de homicidio por imprudencia. Los otros procesados son el promotor -para quien el fiscal pide cuatro años y medio de prisión-, el jefe de obra -siete años y medio-, el arquitecto técnico -cuatro años y medio-, un socio de la constructora -dos años y once meses- y el gruista -dos años y medio-.

Según relataron en su momento los testigos presenciales, una retroexcavadora cargaba un camión de tierra y cascotes en una obra contigua cuando la casa de vecinos se vino abajo. Las acusaciones apuntan a que el promotor de la obra no nombró a un coordinador de seguridad a pesar de que estaba legalmente obligado.

A ello hay que añadir que el arquitecto técnico, supuestamente, realizó un estudio de seguridad y salud que no se ajustaba a las exigencias legales establecidas. La representación legal de los perjudicados argumenta que, a consecuencia de la falta de ajuste, la autoridad laboral competente no concedió el visto bueno administrativo, pero las obras comenzaron a pesar de ello, con la excavación y la cimentación del solar.