La implantación en Córdoba de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), o lo que es lo mismo, la restricción de la circulación de los coches más contaminantes en una zona delimitada de la ciudad no podrá esperar a que la empresa Desarrollo, Organización y Movilidad SA (Doymo) redacte el proyecto para definirla. El Ayuntamiento de la capital cordobesa se verá obligado a ponerla en marcha el 1 de enero de 2023 una vez que el Gobierno de España haya denegado la solicitud de prórroga que hizo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para posponer un año su entrada en vigor al considerar que la mayoría de las ciudades no estaban preparadas para ponerlo en marcha. 

Así, la Junta de Gobierno Local de este 7 de diciembre ha aprobado hacerlo a través de una ordenanza municipal por no poder esperar a que el proyecto, que tiene un plazo de ejecución de ocho meses. Los detalles, sin embargo, no se conocen aún, ha explicado el delegado de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, que tampoco tiene claras las consecuencias que traería para la ciudad el no poder aplicar la normativa, una exigencia que viene recogida en la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

Torrico ha sido crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "desoír los intereses de los vecinos" al no admitir la prórroga. La noticia se dio a conocer en la última reunión de la FEMP en Estepona, a la que asistió el alcalde de Córdoba, José María Bellido. Torrico ha afirmado estar de acuerdo con el objetivo de la ZBE, pero no "con su forma" de aplicarlas y asegura que "ningún Ayuntamiento va a tener la zona puesta en marcha y no sabemos qué pasará porque no está regulado en la legislación, no habla de las consecuencias de no tenerla". 

Con todo ello, el Ayuntamiento hará ambos trabajos en paralelo, es decir, trabajará en incluir esa ordenanza municipal, en la que están trabajando ya, en el plan normativo del año para que la zona entre en vigor "lo antes posible", tomando en cuenta el tiempo que suele llevarse este tipo de documentos. Por otro lado, la empresa Doymo trabajará en desarrollar el estudio pormenorizado que se encargó sobre la ciudad para determinar esa zona y sus detalles y las conclusiones de este trabajo se incorporarán a la ordenanza, que ya estará en vigor. 

El Ayuntamiento deberá definir cuanto antes la zona que restringirá al tráfico, así como los mecanismos de control que va a poner en marcha como cámaras de seguridad o radares. 

¿Qué es la Zona de Bajas Emisiones?

En esta zona tan solo podrán circular los vehículos que cuenten con la categoría exigida por las etiquetas de la propia DGT: B, C, ECO y CERO. La DGT incorporó al Registro de Vehículos en 2016 los distintivos ambientales, que diferencian a los coches que contaminan más de los que contaminan menos a través de cuatro pegatinas de diferentes colores que ayudan a los agentes, en las ciudades donde ya están en marcha las ZBE, a identificar los coches que incumplen la regla. En este caso, los que cuentan con la etiqueta ECO o CERO son los que pueden circular sin discriminación. 

En la provincia hay 567.436 vehículos registrados en la DGT, según los datos de su informe de 2021: 393.862 son turismos y 60.007 son motos. Solo 626 del total son CERO, la etiqueta medioambiental más limpia, que incluye a los coches 100% eléctricos y que podrán acceder a donde quieran, y 5.998 son ECO. Un total de 107.902 son clase C, 146.505 clase B y 113.002 no cuenta con distintivo, mientras que de 19.829 no se conoce la información. Las motos, por su parte, suman 152 con la etiqueta CERO y solo 16 con la ECO. 

La emisión de la etiqueta con el distintivo correspondiente tiene un coste de cinco euros y se puede solicitar en la sede de Correos y debe ir adherido en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero. 

Los ayuntamientos de 149 ciudades de España, las que tienen una población mayor a 50.000 habitantes, apuran su normativa para adaptarse a la movilidad sostenible, reducir el tráfico rodado y mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas.

¿Cuál será el límite de la zona? ¿Cómo se controlarán los accesos? ¿Quién podrá entrar? ¿Qué ocurre con los autobuses? ¿Cuáles serán las multas? Estas son parte de las interrogantes que Córdoba busca responder y, para ello, ha encargado a esta empresa la redacción de esas normas generales de la futura ZBE. Doymo deberá realizar una toma de datos exhaustiva en el municipio, mediciones de contaminación y ruido, aforamiento de peatones y vehículos y para ello cuenta con contadores automáticos de aforo, dispositivos de control de emisiones, ruido y radares.