La implantación en Córdoba de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), o lo que es lo mismo, la restricción de la circulación de coches en una zona delimitada de la ciudad, debe ser una realidad en el año 2023, pero todo apunta a que no lo será antes del verano. El Ayuntamiento ha adjudicado la redacción del proyecto que va a definir los detalles a la empresa Desarrollo, Organización y Movilidad SA (Doymo), una compañía de consultoría e ingeniería con sede en Madrid y Barcelona, por un importe de 12.039 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. 

Los ayuntamientos de 149 ciudades de España, las que tienen una población mayor a 50.000 habitantes, apuran su normativa para adaptarse a la movilidad sostenible, reducir el tráfico rodado y mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas. Al mismo tiempo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pidió ya posponer la entrada en vigor de la misma por considerar que muchos municipios no la tendrán lista en tiempo y forma para el 1 de enero de 2023. 

La capital cordobesa trabaja ya en definir su plan para cerrar el centro a los coches más contaminantes, igual que sucede ya en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Sin embargo, muchos ayuntamientos van sin un rumbo fijo, o tarde, en la aplicación de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

¿Cuál será el límite de la zona? ¿Cómo se controlarán los accesos? ¿Quién podrá entrar? ¿Qué ocurre con los autobuses? ¿Cuáles serán las multas? Estas son parte de las interrogantes que Córdoba busca responder y, para ello, ha encargado a esta empresa la redacción de esas normas generales de la futura ZBE, que debería sustituir a las zonas Acire que hasta ahora controlaban el acceso a gran parte del Casco Histórico de la capital, aunque no hacía referencia a los coches contaminantes, que sí se debe delimitar en la ZBE. 

La adjudicación del contrato se ha realizado utilizando únicamente el criterio económico, entre tres empresas que se presentaron. Doymo ha sacado ventaja tras aportar una relación amplia de medios y equipos, en propiedad, para la toma de datos como contadores automáticos de aforo, dispositivos de control de emisiones, ruido y radares. Esta empresa ya ha trabajado en la ciudad en proyectos como la implantación de la bicicleta pública y el pliego de condiciones para un servicio de smart mobility. 

La adjudicataria deberá aportar en su proyecto la localización del área objetivo de mejora de calidad del aire, es decir, la zona que estará cerrada a los coches, un análisis del origen de la contaminación, una lista de todas las medidas a tomar y las soluciones tecnológicas para ello, las medidas de transformación y mejora de la red de transporte público, la red peatonal y la ciclista, el impacto social y económico que tendrá, cómo se va a hacer seguimiento a su cumplimiento y un plan de comunicación para asegurar la calidad del proyecto. 

Ahora bien, para definir correctamente el área, el Ayuntamiento pide a la empresa realizar una toma de datos exhaustiva en el municipio, mediciones de contaminación y ruido, aforamiento de peatones y vehículos. Un ingeniero técnico de Obras Públicas y dos geógrafas redactarán el proyecto, que según el plazo estimado deberá estar listo antes del próximo 25 de julio de 2023.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la puesta en marcha de la ZBE de la ciudad de Córdoba son la mejora de la calidad del aire y la salud de los ciudadanos, la contribución a la mitigación del cambio climático, el cambio hacia modos de transporte más sostenibles y el impulso de la eficiencia energética en el uso de los medios de transporte. 

La DGT incorporó al Registro de Vehículos en 2016 los distintivos ambientales, que diferencian a los coches que contaminan más de los que contaminan menos a través de cuatro pegatinas de diferentes colores que ayudan a los agentes, en las ciudades donde ya están en marcha las ZBE, a identificar los coches que incumplen la regla. Los que cuenten con la etiqueta ECO o CERO son los que, en estos casos, pueden circular sin discriminación.