El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y ha ordenado que el juicio por la muerte de la joven de Rute supuestamente a manos de su exnovio se lleve a cabo con un tribunal popular y no con un jurado profesional, tal y como pretendía el abogado defensor de uno de los dos acusados.

Los hechos se remontan a la noche del 12 de septiembre de 2006, cuando M. G. R. -a quien se le imputa un delito de asesinato por el que se enfrenta a veinte años de cárcel- disparó con una escopeta a la que había sido su novia cuando paseaba con sus amigas. Al parecer, el acusado, que manifestó tras su detención sentirse "muy nervioso, afectado y arrepentido", disparó a la menor por la decisión de ella de poner fin a la relación. La chica ingresó en el Hospital Universitario Reina Sofía con heridas muy graves y en agosto de 2009 murió supuestamente como consecuencia de los tres disparos que su novio le había propinado tres años atrás. Esto obligó a remitir la causa al juzgado de instrucción para practicar nuevas pruebas.

El juicio iba a celebrarse el pasado octubre, pero fue retrasado por la Audiencia después de que el abogado del presunto asesino recurriera ante el alto tribunal andaluz la decisión de que el hecho quede en manos de un jurado popular. Y el TSJA le quita la razón.

El abogado consideraba que, al no haberse practicado autopsia, "no puede decirse que esté determinada una causa clara y concreta del fallecimiento de la víctima", por lo que los hechos no podrían calificarse provisionalmente como homicidio doloso o asesinato consumado. El TSJA, sin embargo, recuerda que un jurado popular no ha de intervenir "desde las valoraciones sobre si están o no probado los hechos que constituyen el objeto de imputación, sino en atención a la descripción externa u objetiva de los hechos".

El alto tribunal argumenta que, independientemente de esto, la defensa puede discutir durante le juicio si hay "prueba suficiente" para establecer el "nexo casual" entre las lesiones efectuadas el 12 de septiembre de 2006 y el resultado de muerte, el 30 de agosto del año 2009.

El presunto asesino se encuentra en libertad desde el mes de septiembre, tras agotar los cuatro años máximos de prisión preventiva que permite la ley. Esto provocó un rechazo enérgico de la familia de la víctima, que llegó a movilizarse en la plaza de la Constitución para exigir una pronta resolución de la causa. Una vez resuelto, el procedimiento será devuelto a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que deberá buscar de nuevo una fecha para el juicio.