El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha desestimado la solicitud de Podemos de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indague en la contabilidad de la Fundación Guadalquivir Futuro, la Asociación Jóvenes hacia el Futuro y la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir, en el marco del llamado caso de las mordidas, en el que la formación morada ejerce como acusación popular.

Así lo han confirmado fuentes cercanas al caso, que han precisado que el juzgado ha rechazado que se abran nuevas diligencias de investigación para que, con la implicación de la UCO y tal y como pretendía Podemos, se revise la contabilidad y todos los expedientes de ayudas y subvenciones públicas recibidas por dichas entidades.

Sin embargo, el juzgado, que ya dictó auto de procedimiento abreviado por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores y dos de fraude de subvenciones (de la Junta de Andalucía), de los que se acusa a los principales representantes de las entidades mencionadas, Ángeles Muñoz, su hijo Cristian Menacho, y José Antonio González, ha descartado ampliar la investigación, acogiéndose así a la solicitud de la Fiscalía, que considera que no es conveniente seguir con ella.

En concreto, Podemos, representada por el abogado Manuel Delgado, argumentó en su solicitud al juzgado, que ha investigado el presunto uso indebido de subvenciones públicas por dichos colectivos, que "conviene al interés de la investigación, por entender que se derivará más clara responsabilidad de los investigados", que por parte de la UCO de la Guardia Civil "se realicen cuantas diligencias de investigación conduzcan a clarificar" la "ausencia absoluta de contabilidad, parcial, deficiente e incompleta, tanto de ingresos, como de gastos, desconocidos en el informe pericial".

Podemos se refirió así a como el propio juzgado ordenó que se ampliase el informe pericial emitido el pasado febrero sobre el uso dado a las ayudas recibidas por la Fundación Guadalquivir Futuro, la Asociación Jóvenes hacia el Futuro y la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir entre 2014 y 2016, y que detectó "falta de control" y "dejadez" en las cuentas de dichas entidades, entendiendo la acusación popular que la ampliación del informe emitida requería que se indagará aún en la contabilidad por la UCO de la Guardia Civil.