Podemos pide a la Guardia Civil que investigue la contabilidad de la Fundación Guadalquivir

Tribunales

La acusación particular considera que “se derivará más clara responsabilidad de los investigados”

Ángeles Muñoz y Cristian Menacho, a su salida de la Ciudad de la Justicia en noviembre de 2018.
Ángeles Muñoz y Cristian Menacho, a su salida de la Ciudad de la Justicia en noviembre de 2018. / Juan Ayala
E. P.

16 de julio 2019 - 20:16

La acusación particular en el llamado caso de las mordidas, que ejerce Podemos, ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ocho de Córdoba, que investiga el presunto uso indebido de subvenciones públicas por la Fundación Guadalquivir Futuro, la Asociación Jóvenes hacia el Futuro y la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indague en la contabilidad de dichos colectivos.

En el escrito de la acusación particular, se argumenta que “conviene al interés de la investigación, por entender que se derivará más clara responsabilidad de los investigados”, que por parte de la UCO de la Guardia Civil “se realicen cuantas diligencias de investigación conduzcan a clarificar” la “ausencia absoluta de contabilidad, o parcial, deficiente e incompleta, tanto de ingresos como de gastos desconocidos en el informe pericial”.

La acusación se ha referido así a como el propio juzgado ordenó que se ampliase el informe pericial emitido el pasado febrero sobre el uso dado a las ayudas recibidas por la Fundación Guadalquivir Futuro, la Asociación Jóvenes hacia el Futuro y la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir entre 2014 y 2016, y que detectó “falta de control” y “dejadez” en las cuentas de dichas entidades, entendiendo ahora la acusación particular que la ampliación del informe emitida requiere que se indague aún en la contabilidad por la UCO de la Guardia Civil.

Por eso, considera la acusación que, “para una mayor agilidad”, el nuevo informe que quiere que emita la UCO de la Guardia Civil, “se ha extender a complementar la documentación que se ha mostrado imprescindible y a conocer sobre el terreno, mediante indagaciones con personas usuarias y trabajadores, o encargados de los expedientes administrativos o responsables de control de ayudas, la realidad a la que todos los indicios apuntan”, en cuanto al uso presunto uso indebido de subvenciones públicas y que también podrían referirse a “un delito de blanqueo de capitales”.

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